La transformación integral de la economía argentina impulsada a través de decretos de su nuevo presidente, Javier Milei, para revertir la endémica crisis económica del país ha encontrado su primer obstáculo judicial serio.
Este miércoles la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente la reforma laboral incluida en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que Milei anunció el 20 de diciembre.
Los jueces de la cámara dictaron una medida cautelar a pedido de la central obrera Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato vinculado al peronismo.
La semana pasada, la CGT organizó una movilización contra el DNU y exigió al Poder Judicial suspender la nueva legislación laboral impuesta por decreto por el gobierno que encabeza Milei, un economista liberal.
A menos de un mes de la toma de posesión del nuevo gobierno, se organizaron “cacerolazos” contra sus primeras medidas.
La medida cautelar deja sin efecto los cambios en materia laboral impuestos por el presidente apenas cinco días después de su implementación el pasado 29 de diciembre.
La suspensión permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia sobre el caso.
El gobierno, por su parte, anunció que apelará la medida cautelar de la Cámara del Trabajo y pedirá que ese organismo sea considerado incompetente para conocer el caso, según un comunicado de la Procuraduría del Tesoro Nacional.
Alegó que la decisión de la sala “contradice todos los fallos emitidos hasta el momento” y “desconoce los criterios adoptados por los demás tribunales” argentinos, que “enviaron el caso al juez natural y universal que conoce todas las materias”.
El gobierno considera que el organismo indicado para esta causa es la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal.
El DNU y su reforma laboral
La reforma laboral de Milei aparece en el Título IV del decreto de necesidad y urgencia (DNU), que está relacionado con el ámbito laboral.
Algunas de las principales medidas que contempla son la reducción de aportes y aportes para la jubilación, indemnizaciones por despido y multas por mal registro de trabajadores.
También incluye la ampliación de los periodos de prueba en las empresas, cambios en los juicios laborales y la reducción de los permisos de embarazo, entre otros.
El DNU fue el segundo de los tres grandes anuncios del nuevo gobierno argentino en sus primeras tres semanas.
La primera fueron 10 medidas de emergencia anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, apenas dos días después de formar gobierno.
Caputo, quien ocupó cargos clave en la administración de Mauricio Macri (2015-19) es el ministro de Economía del ejecutivo de Milei.
Y, después del DNU, Milei anunció la conocida como “ley ómnibus”con lo que prometió “dar un punto de inflexión en la historia argentina”.
Esta ley propone liberalizar una amplia variedad de sectores económicos como el laboral, comercial, inmobiliario, aeronáutico, sanitario e incluso clubes de fútbol.
Los críticos de Milei lo acusan de utilizar la emergencia económica que vive el país como pretexto para imponer mediante decretos leyes que deberían ser aprobados por el Congreso.
En la Legislatura, el presidente depende del apoyo de otras fuerzas políticas para sacar adelante sus iniciativas, ya que su partido La Libertad Avanza es minoritario.
Además, El frente opositor peronista está abiertoque intenta movilizar a los ciudadanos en las calles y ha convocado una huelga general de medio día y una gran movilización frente al Congreso el 24 de enero.
También podría encontrar más resistencias en el ámbito de la justicia, ya que se han presentado más de 10 recursos de amparo contra el DNU en tribunales argentinos.
La movilización de la oposición en las calles es un desafío para el nuevo gobierno.
Los obstáculos que enfrentará el DNU
Análisis de Verónica Smink, periodista de BBC Mundo en Buenos Aires
La decisión de la Cámara del Trabajo es sólo el primero de varios obstáculos que enfrentará el polémico “megadecreto” de Milei.
Desde el momento en que lo anunció el presidente libertario se supo que generaría una lluvia de medidas cautelares para frenar las reformas, que entraron en vigor el 29 de diciembre.
Y, de hecho, las denuncias se han acumulado en varios juzgados. Pero el inicio de las vacaciones judiciales, debido a la temporada de verano, congeló la mayoría de las reclamaciones.
La Justicia no es el único Poder del Estado que podría frenar los planes de Milei. El Congreso también debe pronunciarse sobre el polémico DNU.
Una comisión bicameral, compuesta por ocho diputados y ocho senadores, debe decidir si se justifica el uso de un decreto de necesidad y urgencia para derogar y modificar 366 leyes.
Si lo avala, será elevado al pleno de la Cámara de Diputados y al Senado, que deberá aceptar o rechazar el DNU completo (ya que no puede analizarse por partes). Si sólo una de las cámaras da su visto bueno, todo el DNU sigue vigente. Lo mismo ocurrirá si el Congreso no vota sobre su validez.
Pero para ello tendremos que esperar hasta que el Parlamento reanude sus sesiones ordinarias en marzo.
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