Al cierre de la publicación de esta columna, el jurado que preside el juicio de Genaro García Luna no ha encontrado culpable ni inocente al acusado. Pero aun así, este juicio tendrá un impacto histórico en la relación entre Estados Unidos y México.
Y podría pasar hasta una década antes de que se restablezca una relación bilateral que permita una cooperación efectiva en la lucha contra el crimen organizado.
Este quiebre ocurre en un momento en que la preocupación bipartidista por el tráfico de fentanilo a Estados Unidos está aumentando dramáticamente, convirtiéndose en uno de los temas que podrían definir, en 2024, quién ganará la carrera presidencial en ese país.
Es importante subrayar que cuestionar la voluntad del Gobierno de México no es solo una preocupación de legisladores y políticos, quienes en el pasado han buscado que los cárteles mexicanos sean declarados grupos terroristas.
De hecho, en una audiencia esta semana, el senador demócrata Bob Menéndez cuestionó a la directora de la DEA, Anne Milgram, si la falta de cooperación con México se debió a que “no hay un socio dispuesto o que de hecho el Estado está infiltrado por los cárteles”. .
El director respondió que, así como la forma en que México persiguió a Los Zetas, se necesita con urgencia esta voluntad política del actual gobierno para perseguir a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Lo irónico de este comentario de la directora de la DEA Milgram es que fue hecho la misma semana que uno de los operadores de la estrategia para enfrentar al cártel de los Zetas, durante el sexenio de Calderón, Genaro García Luna, está siendo juzgado en Nueva York. York por sus supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.
En este momento, el jurado no ha definido el futuro de Genaro García Luna, pero lo que sí sabemos es que el Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a escuchar y dar credibilidad a los testigos colaboradores, quienes han señalado en este y otros juicios penales la participación de funcionarios mexicanos, directa e indirectamente, al recibir sobornos de los cárteles de la droga.
Incluido el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando el testigo colaborador de “El Rey” Zambada, señala que Gabriel Regino, el subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, recibió siete millones de dólares
Si se mide con la misma barra, “El Rey” no solo enturbia a García Luna, sino que salpica a López Obrador y a su canciller, Marcelo Ebrard. Y todos los ex funcionarios y quienes ejercen funciones en el actual Gobierno seguramente no dormirán tranquilos a partir de esta semana.
Seguramente algunos estarán deseando en silencio que Genaro García Luna sea declarado inocente, y así poder afirmar: Los testigos colaboradores contra García Luna mienten, por lo tanto los “fangosos” otros funcionarios no tienen viabilidad en otros juicios.
Pero el Presidente y Gabriel Regino insisten en que no van a procesar al “Rey” Zambada, sino al abogado de García Luna, César de Castro, el “abogado falso, calumnioso, torcido”, según López Obrador.
Y ojalá López Obrador y Regino se lancen contra César de Castro. Esto aseguraría que se hagan públicas las acusaciones hechas no solo por “El Rey” Zambada, sino también por otros testigos colaboradores, contra funcionarios mexicanos. Si le van a dar credibilidad a las declaraciones de estos testigos en los juicios a “El Chapo” y ahora a García Luna, urge transparencia, antes de las elecciones presidenciales.
Cuando César de Castro intenta arrinconar a “El Rey” Zambada, los documentos indican que la fiscal Saritha Komatireddy le pide al juez que no se le permita hablar sobre la conexión de López Obrador con el cártel de Sinaloa, porque sería un espectáculo ajeno al juicio y que el “El testigo tiene familia en México”.
Hasta el momento nadie argumenta que “El Rey” Zambada mintió sobre Regino o el vínculo con López Obrador.
Con las declaraciones de los testigos contra García Luna, los legisladores estadounidenses seguramente exigirán la información que existe sobre posibles vínculos, del actual Gobierno y de los gobernadores, con organizaciones que trafican fentanilo a Estados Unidos.
Ante los hechos de las últimas semanas, ¿alguien cree que Ovidio Guzmán será extraditado? Al igual que el juicio que enfrenta García Luna, no sería de extrañar que “El Ratón” buscara una rebaja de penas testificando contra el Presidente y su Gabinete de Seguridad. Y a diferencia del juicio de García Luna, probablemente Ovidio sí tenía documentos, videos y audios para presentar al jurado oa los medios.
Ana María Salazar es analista política y experta en temas de seguridad.
En Internet: www.anamariasalazar.com
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