Opositores liberados y exiliados de Nicaragua denunciaron el viernes que la gobierno de daniel ortega Ha suspendido sus pagos de jubilación, medida que también se aplicó a los exiliados.
“Me eliminaron del sistema” del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), dijo el sociólogo y economista Irving Larios, quien por ser crítico con Ortega está preso desde septiembre de 2021 hasta su expulsión a Estados Unidos junto a otros 221 opositores el pasado 9 de febrero.
Larios, de 63 años y quien percibía una pensión mensual equivalente a casi 800 dolares, Calificó la medida de “perversidad”, ya que una veintena de los exprisioneros exiliados son personas mayores de 60 años.
Además, los 222 fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense mediante una resolución judicial emitida luego de su sorpresiva deportación.
“Este es un ejemplo más de perversidad… un acto irracional e ilegal”, agregó Larios, quien fue procesado por “conspiración” contra el Estado y condenado a 13 años de prisión.
También confirmó la suspensión de su retiro la mítica exguerrillera Dora María Téllez, de 67 años, quien hace tres décadas se separó del partido Frente Sandinista que dirige Ortega. Téllez es otro de los 222 opositores liberados de prisión y enviados a los Estados Unidos.
“Esta pensión no es un regalo, es un derecho porque trabajamos y aportamos a nuestra seguridad social toda la vida”, dijo Téllez a un medio digital nicaragüense. “El INSS nos tendrá que pagar cada centavo que nos está quitando”, protestó.
Otros liberados con pensiones ya retenidas incluyen a tres exministros y un exdiplomático que pidieron no ser identificados por temor a represalias del gobierno contra sus familias en Nicaragua.
El INSS no ha confirmado oficialmente la retención de pensiones a los opositores.
La suspensión de pensiones también se está aplicando a varios de los 94 opositores cuya nacionalidad fue despojada por el gobierno el 15 de febrero de jornada en la que también anunció el decomiso de sus bienes por considerarlos “traidores a la patria”.
Entre los despojados de su ciudadanía y sujetos a expropiación se encuentran los reconocidos escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La excomandante sandinista Mónica Baltodano, una exdiputada opositora de 68 años, se exilió en Costa Rica con su esposo Julio López, de 77 años, quien fue un alto funcionario del partido sandinista en la década de 1980. Ambos fueron despojados de sus pensiones.
“Ya no depositaron nuestra pensión de jubilación este mes”, confirmó Baltodano. “Es una medida brutal, arbitraria y absolutamente ilegal, porque la jubilación es un derecho que protege a los adultos mayores de la indefensión, el desempleo y el hambre”, dijo.
El derecho a la seguridad social y pensiones de vejez está protegido por la constitución nicaragüense, que en uno de sus artículos obliga al Estado a brindar este servicio “sin exclusiones”, por considerarlo un “derecho adquirido”.
Consultado por AP, el abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”Calificó la suspensión de la jubilación como “una acción antijurídica” porque “vulnera el principio de progresividad de los derechos económicos y sociales y el principio de los derechos adquiridos”.
“Esto deja a los adultos mayores en total desprotección y ratifica una política de Estado basada en sancionar a quienes son considerados opositores”, dijo Arce. “El régimen de Nicaragua deja claro que no tiene límites en la violencia contra los opositores”, agregó.
Destacó que la medida viola además la Ley de Seguridad Social y el Protocolo de San Salvador, que establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social.
Tras el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los opositores, los gobiernos de España, Chile, Argentina, Colombia y México ofrecieron otorgarles la ciudadanía. El novelista Ramírez, quien ya tiene nacionalidad española, también aceptó la nacionalidad colombiana y ecuatoriana, mientras que el poeta Belli aceptó la nacionalidad chilena.
Nicaragua vive una grave crisis política desde abril de 2018 cuando Ortega reprimió una revuelta social con policías y paramilitares. La acción del gobierno dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
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