“Por sus frutos los conoceréis”, no podía entenderse mejor este viejo y bíblico dicho en el quinto año de gobierno de la ultraizquierda, donde no sólo no ha habido frutos sino destrucción de instituciones que ya existían y más o menos trabajada. Quizás la que más le duele al pueblo mexicano es la destrucción de nuestro sistema de salud, que si bien no fue gran cosa, al menos contaba con medicamentos, médicos y sobre todo las NOM que regulaban la calidad y obligaban al estado a atender a los ciudadania hoy el estado ya no esta obligado a cuidar al pueblo!
Estos cambios, decididos por la presidencia y operados por el subsecretario López-Gattell, son tan graves que podrían calificarse como crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se constituyen crímenes de lesa humanidad aquellas atrocidades y crímenes de carácter inhumano, que formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización.
En el caso de México, de manera premeditada, activa y constante se ha desmantelado el acceso a una salud pública de calidad, no hay insumos en los hospitales, no hay medicamentos y se ha abusado de la vocación de los médicos obligándolos a trabajar con bajos costos. pago y en situaciones extremas. La destrucción del Seguro Popular y su sustitución por un fallido INSABI dejó a millones sin acceso a la atención médica. Los ejemplos abundan: los medicamentos para el tratamiento del cáncer han escaseado durante años gracias a la decisión del gobierno mexicano de simplemente no comprarlos. Estas decisiones han cobrado la vida de miles de personas, muchos de ellos niños que no pudieron hacer frente a su condición, de hecho hasta este año hubo más de 4.000 niños que fallecieron por falta de medicamentos.
El manejo de la pandemia del Covid fue prácticamente criminal, según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2022 habían muerto en México 626 mil personas, cifra muy diferente a los poco más de 300 mil que reporta el gobierno, al día de hoy estiman unos 800.000 muertos, lo que nos sitúa entre los países que peor han gestionado la emergencia. ¿De qué se trata esto? Porque la estrategia del gobierno no fue gastar dinero en cuidar a la población y más bien gastar saliva en la mañana diciendo que todo estaba bien, que todo estaba un “compló”, o que por traer un par de santitos en la billetera ya estábamos protegido
Fue elitista, clasista y, sobre todo, una muestra de absoluto desprecio por el pueblo, que el presidente, su familia e incluso altos funcionarios como Hugo López-Gattell recibieran tratamiento con el fármaco Remdesivir cuando enfermaron de COVID y que le negaron el acceso al resto de la población de dicho medicamento por su alto costo. De hecho, López-Gattell declaró que Remdesivir no era “suficientemente útil” para tratar el COVID y con eso descartó la posibilidad de adquirirlo.
Si a todo esto le sumamos que la estrategia de seguridad del gobierno se resume en aliarse con los delincuentes y dejarlos hacer sus voluntades, lo que ha dejado un saldo de más de 162.000 homicidios, podemos afirmar sin equivocarnos que este sexenio es el más muerto está en sus manos, más de 1 millón de mexicanos han muerto a causa de sus políticas públicas.
Esta serie de acciones y omisiones debe constituir un crimen de lesa humanidad y sin duda al final de esta administración habrá denuncias contra todos los que implementaron estas políticas de muerte, que lo único que puso a los pobres primero fue ser los más afectados por estas decisiones, así que no olvidemos: “por sus frutos los conoceréis”.
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