CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes se informó que durante un operativo de allanamiento en la comunidad de Cerro de Ortega, Tecomán, mismo lugar donde desapareció el defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes Gasca.
Tras esto, el líder indígena Antonio Díaz Valencia, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y la Comisión Estatal de Búsqueda llocalizó un predio con 10 fosas clandestinas de las que hasta el momento se han extraído 26 restos óseos y humanos que aún no han sido identificados.
El encargado de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Héctor Javier Peña Meza, y la comisionada estatal para la Búsqueda de Personas, Areli Santos Alatorre, No aclararon a cuántas personas pueden corresponder los restos.
Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense
Se indicó que los restos humanos encontrados ya fueron trasladados a los descansos del Servicio Médico Forense Con el fin de iniciar los trámites necesarios para su identificación, también permanecerán en el centro de albergue ubicado en Coquimatlán a la espera de que sus familiares los reclamen.
Orden de allanamiento al Cerro de Ortega
Para esta investigación, que se realiza en el municipio para tratar de localizar a varias personas, también se obtuvo una orden de allanamiento en un inmueble en la comunidad de Cerro de Ortega, colindante con Michoacán.
Parejas de perros participaron en la búsqueda y se utilizaron diferentes tecnologías para detectar entierros clandestinos; Durante el operativo también fueron incautados tres vehículos.
Mapa de fosas clandestinas
Según el mapa de fosas clandestinas presentado en marzo por la Comisión Nacional de Búsqueda, se señala a Tecomán como el municipio del país en el que se han encontrado más centros clandestinos de sepultura en este sexenio, con 206, y esto se pone a Colima es el segundo estado con más fosas localizadas, con 305, ligeramente por debajo de Veracruz con 323.
Sin embargo, el mapa no revela cuántos cuerpos se han recuperado de estos sitios y la Fiscalía de Colima se ha negado a transparentar esa información; desde el pasado 10 se solicitó a la dependencia información al respecto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y aunque se estableció que el plazo máximo para entregar la información era el pasado 20 de abril, la Fiscalía no respondió a la solicitud, por lo que se interpuso una denuncia ante el organismo garante.
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