De los 121 programas sociales del gobierno federal, El 47,1 por ciento no tiene padrón de beneficiarios y el resto tiene padrones con problemas de exclusióndiscrecionalidad y cobertura limitada, además de irregularidades que afectan su funcionamiento y, por tanto, genera riesgo de corrupción o mal uso de recursos públicos.
Analistas de organizaciones Acción Ciudadana Contra la Pobreza Consideran que en muchos de los casos de programas sin registro puede haber alguna justificación, ya que, según el inventario, se considera “a partir de la difusión de información de Profeco, la matrícula de servicios de educación media y superior, fondos para infraestructura y muchas otras cosas, que no requieren o no pueden tener una lista de beneficiarios”.
En tanto, la otra mitad de los programas y acciones federales de desarrollo social cuentan con un registro; Sin embargo, a pesar de estar sujetos a reglas de operación, Hay programas que no reportaron su registro.
El coordinador de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Natalia Camposrealizó un análisis, con base en hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, de los programas de Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y para el Bienestar de Niñas, Niños e Hijos de Madres Trabajadoras.
Explica en entrevista que las listas de beneficiarios de ambos programas están incompletas y tienen errores de registro, además de hay irregularidades en pagos que no coinciden con lo reportado en la cuenta pública.
En el primer caso, destaca que el registro no tiene certificado de discapacidad en el registro, lo cual no es óptimo porque representa la condición para verificar la elegibilidad en el programa; mientras que el otro no cuenta con la información de 15 mil beneficiarios.
Según Acción Ciudadana Contra la Pobreza, los registros de programas sociales enfrentan “tres serios problemas”:
la exclusiónporque el 61% de los hogares de menores ingresos no recibe transferencias de programas gubernamentales; la discreciónporque la integración de los registros se realiza en operaciones opacas, por un grupo de operadores políticos vinculados a un partido (Morena), y finalmente la cobertura es limitada de muchos de los programas, como lo demuestra el propio inventario del Coneval.
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