El año está por terminar, sin embargo, las violaciones a la Constitución ya los derechos humanos no terminan. Hasta hoy, ni el respeto a la Constitución ni a los derechos humanos ha sido una prioridad para este gobierno. ¿Hay elementos para pensar que algunas de las promesas que se hicieron en la campaña para demostrar algún cambio con los gobiernos anteriores y sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos se materializarán el próximo año?
La Constitución mexicana mantuvo intacto el artículo 19 al que no se movió ni una coma. Si una persona presuntamente comete un delito en 2023, independientemente de su peligrosidad o razones que indiquen que no participó en el proceso penal, será encarcelada mientras el Poder Judicial decide si es inocente o no. A pesar de que este año el caso de Daniel García fue discutido en la máxima corte interamericana -y que es inminente una sentencia que responsabilice a México-, los poderes Ejecutivo y Legislativo decidieron no modificar las causales de prisión preventiva informal. La Corte Suprema también tuvo el tema en sus manos y abandonó el rigor judicial para posicionarse y enviar un mensaje al resto de poderes. ¿Qué hará el gobierno mexicano cuando reciba la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023?
Otro ejemplo es que han pasado cuatro años desde que Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres y madres de Ayotzinapa en el Museo Memoria y Tolerancia, en el que el entonces presidente electo expresó: “Vamos a cumplir. voluntad de cumplir con todos los compromisos que hice en la campaña, y un compromiso fue esclarecer el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”. ¿Cómo cierra Ayotzinapa este 2022? Con un informe de la Comisión de la Verdad que no forma parte de una investigación oficial de la FGR y una nueva verdad histórica que el mismo Encinas ha aceptado es falible.
El caso emblemático de que la violencia en México toca a los inocentes y la impunidad sigue cubriendo a los culpables es el asesinato de los jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora, el guía turístico Pedro Palma y el joven Pablo Osvaldo Berelleza.
El único saldo a favor en derechos humanos puede ser que las trabajadoras del hogar cierren el 2022 con la certeza de que por ley deben estar dadas de alta en la seguridad social.
La esperanza es lo único que muere y los procesos electorales dan un vuelco a las prioridades partidarias. En una de ellas, si en el cálculo de priorizar los derechos humanos encuentran algún beneficio proselitista, puede ser que en 2023 rompan con esa tendencia revictimizadora que, más que diferenciarlas de otras administraciones, consumirá indulgencia.
El autor es analista político.
Twitter: @MaiteAzuela
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