jue. Jun 4th, 2026

Durante la semana pasada, se llevaron a cabo una serie de reuniones –algunas públicas, otras privadas– en la Ciudad de México entre funcionarios mexicanos y estadounidenses en las áreas de seguridad y cumplimiento de la ley. Los funcionarios que participaron pertenecen al gabinete presidencial o forman parte del círculo compacto de asesores de cada uno de los presidentes.

Dadas las complejas situaciones que atraviesan ambas naciones en materia de seguridad (México), salud pública (EE.UU.) y migración (México y EE.UU.), y la alta jerarquía oficial de quienes participaron en dichas reuniones, este “diálogo de alto nivel (como se le ha llamado) también generó ‘altas’ expectativas, al menos en México. Y no es de extrañar: nuestro país acumula crecientes crisis de seguridad, para las cuales queremos ver respuestas relevantes y efectivas. Por un lado, los aumentos de homicidios, desapariciones y ‘levantamientos’ en diversas zonas de México y, por el otro, la penetración de la delincuencia no sólo en los gobiernos municipales de los estados más rezagados, sino también en las zonas de seguridad de las grandes ciudades. Las empresas privadas han encendido las alarmas no sólo en México sino también en la comunidad empresarial internacional.

En lo que respecta a Estados Unidos, el aumento exponencial de las muertes por sobredosis de fentanilo, y la llegada crónica a su frontera sur de caravanas de miles de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, implicaría también la coordinación y anuncio de nuevas medidas -más ambiciosos y eficaces – con sus homólogos mexicanos para abordar estos problemas.

Sin embargo, ante estos escenarios críticos en ambos países que parecerían requerir urgentemente acciones preventivas y disuasorias, en los medios sólo se reiteraron las fórmulas retóricas a las que estamos acostumbrados (como “colaboraremos o coordinaremos estrechamente o estrechamente para”, “uniremos nuestros esfuerzos para”, “nos comprometemos mutuamente a”). Sólo se anunció una acción específica de la Sedena y dos propuestas específicas (una de AMLO y otra de la Semar) para abordar algunas dimensiones de las crisis.

Respecto a las propuestas, la del Presidente de la República fue convocar a 11 países de la región a una reunión sobre migración. Sólo eso, convocar una reunión. Por su parte, la Semar propuso la creación de una Coalición Internacional para el Monitoreo y Trazabilidad de Precursores Químicos. Una buena idea, sin duda, pero hasta ahora sólo eso, una idea. Finalmente, la Sedena anunció una inversión de 15 mil millones de pesos para proyectos de modernización de infraestructura de seguridad en la frontera. Bueno, qué bueno que se ‘modernice’ nuestra inadecuada infraestructura que, entre otras tragedias, cobró 40 víctimas el 28 de marzo cuando las autoridades abandonaron una estación migratoria que estaba incendiada en Ciudad Juárez.

Si bien en los encuentros se abordaron temas relevantes como la lucha contra las drogas sintéticas o el tráfico de armas, no se presentaron cifras sobre las acciones que se han implementado ni el impacto registrado. Respecto al compromiso, ya asumido por México, de combatir el tráfico de fentanilo, tampoco trascendieron detalles. Ante estas omisiones y silencios, es lógico pensar que no hay avances.

AMLO ha manifestado reiteradamente que se deben combatir las causas estructurales del crimen y la violencia, con una estrategia humanista. Sin embargo, ningún miembro de su gabinete formuló en dichas reuniones, ni siquiera de forma incipiente, un conjunto de propuestas encaminadas a combatir tales causas estructurales. La impresión que queda, entonces, después de ver la minúscula naturaleza de las propuestas presentadas en la mesa de “alto nivel” es que la serie de medidas contra el crimen que la actual administración ha implementado desde 2018 han fracasado estrepitosamente.

Primero, los programas sociales con los que comenzó la estrategia federal de seguridad no tuvieron impacto en el reclutamiento criminal de jóvenes. En segundo lugar, el plan anticorrupción y antiblanqueo impulsado durante el segundo año tampoco dio frutos. La connivencia de los funcionarios locales con el crimen alcanza hoy niveles muy altos, y la reciente entrada de la mafia china ha reducido drásticamente los costos de lavado de las exorbitantes ganancias de las mafias mexicanas. En tercer lugar, la iniciativa para combatir el tráfico de armas, en la que se invirtió un gran esfuerzo en su momento, ha perdido relevancia dada la inmensidad del desafío. Finalmente, la convicción presidencial de no enfrentar directamente y por la fuerza a las organizaciones criminales, llevó a su expansión y afianzamiento territorial durante la primera mitad del sexenio.

Esperemos que el próximo “diálogo de alto nivel” en 2024 se celebre con una agenda renovada, que incluya los temas que fueron “los elefantes en la sala” en esta ocasión. Esta agenda debe contemplar, como mínimo, la depuración y profesionalización de las policías locales, la creación de fuerzas especiales regionales mixtas (policiales y militares) para combatir a los liderazgos de las organizaciones más violentas, combatir los centros de reclutamiento criminal y el diseño de las estrategias críticas. camino para avanzar en la construcción de un futuro Tratado de Seguridad de América del Norte.

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