Estos días se han publicado textos muy ilustrativos sobre los potenciales efectos perniciosos del llamado Plan B de reforma electoral. Coincido con las voces que han advertido que su implementación pondría en peligro el objetivo de organizar las elecciones del próximo año. Elecciones nacionales de una dimensión sin precedentes.
Por eso también comparto la preocupación de quienes han advertido que, en consecuencia, nuestra democracia está en riesgo. Esa forma de gobierno es ante todo un conjunto de reglas e instituciones. Recordemos a Norberto Bobbio: reglas para elegir quién decide y cómo decide. Y esas reglas son las que están en vilo en el presente mexicano. Entonces la democracia también lo es.
Desde 1994 no habíamos enfrentado un proceso electoral con tanta incertidumbre respecto al marco legal vigente. En ese año de violencia e inestabilidad, las reglas electorales se cambiaron “a las doce menos cuarto”, como se dijo en su momento. De hecho, los cambios de árbitro —un Instituto Federal Electoral que organizó su primera elección presidencial— se produjeron el mismo año de las elecciones. También se ajustaron las reglas sobre temas estratégicos. El país vivía momentos de zozobra y más de uno vislumbraba un “choque de trenes”. Pero, ante este escenario, se generó un acuerdo político nacional.
En buena medida gracias a ello, a pesar de que las tensiones amenazaban con romperse y las calamidades continuaban, para sorpresa de muchos y por el bien del país, las elecciones dieron paso a la disputa política y apaciguaron el conflicto social. Fue un año memorable y para olvidar.
Pero también fue un año lleno de lecciones que motivaron decisiones cruciales para la transición democrática de los próximos años. La reforma electoral de 1996, dio pasos decididos para lograr condiciones equitativas en la contienda electoral y sustentar principios elementales como el consenso en torno a los integrantes del árbitro y la estabilidad en las reglas antes de cada feria electoral.
Las elecciones de 1997, 2000 y 2003 transcurrieron por el camino de estas condiciones elementales. Pero, en octubre de ese último año, se olvidó la importancia del consenso y se integró el árbitro electoral sin el voto de la bancada perredista. En otras palabras, el partido de izquierda quedó fuera del acuerdo. Puede que no haya sido la causa determinante, pero ciertamente fue uno de los factores detrás de la crisis política que siguió a las elecciones presidenciales de 2006.
Me remonto a 1994 para recordar que, en ese año, para superar la crisis, se optó por el acuerdo, el consenso en el árbitro y la estabilidad en las reglas. Casi treinta años después, estamos al borde de una crisis porque se está imponiendo la fractura, la mayoría (o, en su defecto, el sorteo) para integrar el árbitro y la incertidumbre en torno al marco regulatorio.
Tres décadas de vida democrático-electoral (no exentas de algunos sobresaltos) pueden convertirse en un paréntesis entre una historia de autocracias: la del partido hegemónico posrevolucionario y la que podría venir con la nueva hegemonía cuatriteísta.
En aquel aciago año de 1994, el cauce institucional de la crisis estuvo trazado por actores políticos que actuaron con responsabilidad, pero también por una amplia “Alianza Cívica” de ciudadanos que aspiraban a vivir en democracia. En ese sentido, a pesar de sus momentos y acontecimientos nefastos, ese año fue también el crisol temporal en el que se desataron los esfuerzos y anhelos de personas que se alzaron y exigieron un cambio de rumbo a quienes ostentaban el poder.
La marcha de noviembre del año pasado, la convocatoria a la concentración del 26 de febrero y las diversas iniciativas ciudadanas que se están organizando para poner en puerta la reforma electoral, invitan a un tímido optimismo, pero optimismo al fin y al cabo.
De alguna manera, el desafío es más fácil de lo que era hace treinta años. En 1994 era necesario abrir las compuertas al cambio democrático; Hoy el desafío está en evitar que se cierren antes de las elecciones de 2024. Es una hazaña menos atrevida, pero no menos importante.
Además, en 1994 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no era un tribunal constitucional y el poder judicial federal no contaba con el profesionalismo e independencia que tiene ahora. El Tribunal Electoral tampoco tenía las facultades que le corresponden. Los datos son aún más relevantes. En 2023, la defensa democrática tiene un cauce legal para superar las amenazas que hace tres décadas era inexistente. Hoy es posible mirar con esperanza el recorrido de los tribunales.
Cuando escribí este último, rebotó en mi memoria aquel título de un librito de Hans Kelsen con estirpe kantiana: lograr la “Paz a través del derecho”. También recordé que la paz, la democracia y los derechos humanos son tres momentos de un mismo movimiento histórico (Bobbio, dixit).
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