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Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de México juzgado en Nueva York por narcotráfico y declarado culpable, también enfrenta una demanda civil en Miami por lavar fondos “robados” con los que México pretende recuperar unos 700 millones de dólares.
Ese monto es el mencionado por el Gobierno de México, pero la demanda solo establece que el monto a recuperar es mayor a 250 millones de dólares, según una escala establecida.
La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México en 2021 ante los tribunales del condado de Miami-Dade incluye a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyracomo “participante principal” en una red “compleja” que utilizaba al menos 40 empresas y fideicomisos para sus fines.
Esta acción legal se encuentra oficialmente “inactiva” desde diciembre pasado por una apelación aún no resuelta y es independiente de la causa penal abierta en las cortes federales de Nueva York contra García Luna (2006-2012) por cuatro cargos de narcotráfico y uno de inmigración.
Así operaba la red García Luna
En este otro caso civil en Miami, el exsecretario de Seguridad durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012) es acusado de encabezan una trama que “robó” fondos al Gobierno de México a través de “contrataciones ilícitas” y luego “lavaron esos fondos robados en los Estados Unidos y en otros lugares”.
En concreto, mientras fue secretario de Seguridad, e incluso después de dejar el cargo, García Luna contó con “una extensa red de socios” a través de la cual obtuvo contratos de diversas entidades y dependencias del gobierno mexicano “en los cientos de millones de dólares”, según la demanda.
La demanda especifica que el monto a recuperar es de 250 millones de dólares, según una escala establecida por los tribunales, pero desde México el Gobierno ha dicho que es de 700 millones.
Además del matrimonio García Luna, seis de estos socios están siendo demandados en Miami como presuntos lavadores de dinero sustraído principalmente a través depara comprar bienes raíces y artículos de lujo en Florida.
El escrito judicial indica que cada uno de los participantes en esta trama que operó al menos hasta 2018 tuvo un rol específico.
La acusación dice que García Luna fue el “artífice principal” y coordinó y autorizó “contratos ilegales celebrados por agencias de seguridad mexicanas” usando “soborno, manipulación de licitaciones y/o corrupción”.
Su esposa, según la UIF, participó “activamente” en esta trama al estar a cargo de las operaciones diarias de manejo del dinero, que “sabía que le había sido robado al gobierno mexicano”, a través de una serie de empresas en Estados Unidos. y “adquirir múltiples propiedades inmobiliarias en Florida”, muchas de ellas ubicadas en el condado de Miami-Dade.
Su esposa e hijos también son demandados.
La UIF, una agencia del Ministerio de Hacienda, alega en esta demanda que García Luna y sus cómplices “ocultaron los fondos robados” y obstaculizaron su recuperación, al lavar el producto a través de transferencias internacionales a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos. Unidos y en otros lugares.
La demanda indica que la red liderada por García Luna blanqueó el dinero a través de al menos 30 empresas comprando 30 bienes raíces, así como “varios coches y barcosy activos bancarios sustanciales y otros activos ubicados en Florida”.
“El dinero también se usó para financiar un estilo de vida lujoso”, alegan los demandantes.
Los otros imputados en esta demanda son Mauricio Samuel Weinberg López; su esposa, Silvia Donna Pinto de Weinberg; su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto de Miembro.
García Luna es culpable
El jurado de Nueva York encontró culpable al exfuncionario de 54 años, que fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas (Texas). García Luna está acusado en esta jurisdicción de cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.
El exsecretario fue declarado culpable de participar en el manejo de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta el día de hoy, concierto para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, concierto para distribuir y poseer 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en los Estados Unidos y conspiración para importar la misma cantidad o más.
El quinto delito que se imputa a quien lideró la llamada “guerra contra las drogas” durante la presidencia de Calderón es el de supuestamente dar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía.
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