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Al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Lunase le negó un proteccion salir de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), elaborada por el Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)luego de que el juez del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fallara en su contra y así respetar un pedido internacional.
La resolución del juez fue emitida el 11 de mayo, pero difundida este martes por la UIF; el juez de Distrito determinó que México asumió un compromiso internacional en respuesta a la solicitud de congelar activos relacionados con el lavado de dinerocomo fue el caso de García Luna, además de quienes financian el terrorismo o las armas de destrucción masiva.
Según la resolución, la inclusión del exfuncionario en la LPB fue conforme a derecho, mientras que la UIF demostró que se cumplió con una obligación internacional, en los términos adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJN).
La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) solicitó que García Luna sea incluido en la LPB, debido a que realizó una investigación que vinculaba al exfuncionario federal con el delito de lavado de dinero. A raíz de ello, en 2020, García Luna impulsó un juicio de amparo.
El 16 de mayo de 2022, el juez dictó sentencia para que García Luna continuara en la LPB, pero el exfuncionario durante la administración de Felipe Calderón (2012-2018) interpuso un nuevo recurso (88/2022), el cual fue admitido por el Décimo Tribunal Colegiado. Mientras tanto, la UIF aportó nuevos elementos.
Y la FGR emite 61 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a García Luna
Durante la noche del 22 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió 61 órdenes de arresto contra García Luna, Jonathan Alexis ‘N’, Samuel Mauricio ‘N’ y otros 58 funcionarios por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Todas las personas están relacionadas con caso de los Cepheresi que data del sexenio de Felipe Calderón, cuando las cárceles pasaron a un modelo de Asociación Público-Privada (PPP), lo que dejó como resultado: contratos de cesión directa, obras sin transparencia bajo el pretexto de ser ‘seguridad nacional’ y una “inmensos daños a la propiedad”según la FGR.
La Fiscalía señaló que las personas con órdenes de aprehensión están relacionadas con 10 contratos que suman daños materiales por 5 mil 112 millones de pesos. Recordemos que García Luna ya fue sometido a un juicio en Estados Unidos, donde fue declarado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico; está esperando su sentencia.
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