El Estado, dicen los abogados, es la combinación de Pueblo, Gobierno y Territorio. Para los economistas, lo mínimo que debe hacer el Estado (a través del gobierno) es garantizar la seguridad nacional y la administración de justicia. En otras palabras, debe cuidar que las personas y el territorio estén seguros, ya sea contra una invasión externa, o contra un conflicto interno. Para poder proporcionar estos bienes públicos, que nadie más ofrecería en su lugar, es para lo que recaudan impuestos. Sin duda, un gobierno puede hacer mucho más, según lo que se decida, pero eso es lo mínimo.
Bueno, tenemos al menos dos ejemplos recientes de cómo el Estado no está impartiendo justicia, sino que se la ha dejado a otros grupos. Es el caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, donde los presuntos culpables fueron detenidos y entregados por el cartel local, y es el caso del asesinato de torcido, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y colaborador suyo. En este último caso, el Presidente afirmó que era una señal de que ya no hay impunidad.
Hace unos días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo que el Estado en México no controla todo el territorio, lo que provocó una respuesta de López Obrador afirmando lo contrario. Sin embargo, para cualquiera en México es muy claro que vastas extensiones están controladas por otros grupos, no por el Estado, que recaudan impuestos, imparten justicia y se encargan de la “seguridad pública”: buena parte de Guerrero, el sur del Estado de México, mitad de Michoacán, Tamaulipas. Son solo ejemplos, no una lista exhaustiva, pero este fin de semana fueron expuestos por los medios.
Si bien el Presidente insiste en hablar de soberanía en referencia a las mercancías, en especial un par de productos energéticos, parece haber olvidado lo que realmente significa esta palabra. Un Estado soberano es aquel que tiene capacidad de autodeterminación, porque puede defenderse de las amenazas externas y porque puede resolver los conflictos que se presentan entre sus habitantes. La evidencia indica que esto no ocurre en México, al menos no de manera constante y extensiva. La existencia de grupos que desafían al gobierno (Estado) por el monopolio de la violencia, y lo hacen mediante la extorsión y los derechos de propiedad, el ejercicio de la venganza y el despliegue ilimitado de la fuerza, no permite hablar de soberanía.
Pero los esfuerzos del Presidente no están destinados a recuperar la soberanía, es decir, a enfrentar a estos grupos que le disputan al gobierno el control de la población y el territorio. No, todos los esfuerzos presidenciales están enfocados en destruir la democracia, para mantenerse en el poder. Mientras los grupos criminales irrumpen desde la periferia, desde la Presidencia, también criminalmente, se destruye el Estado desde el centro: la separación de poderes, la estructura orgánica del gobierno, la capacidad de gestión, la propia administración de los procesos electorales. No uso el adjetivo gratis. Se comete delito grave cuando, contrariamente a lo prometido, no se respetan la Constitución ni las leyes desde la misma presidencia de la República.
Es necesario insistir en esto. Este país sigue siendo una democracia constitucional, pero el Presidente viola flagrantemente la Constitución, como lo demuestra la ley de electricidad, la Guardia Nacional y el Plan B; el ataque al poder judicial; la destrucción de organismos autónomos, más recientemente el INAI.
Por eso, López Obrador y Morena no deben ser considerados como una competencia política normal. Su objetivo es la destrucción de la democracia y lo poco que habíamos logrado construir del estado de derecho. Sí, era cierto: al diablo con las instituciones.
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