CIUDAD DE MÉXICO.- Con 432 votos a favor y 19 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 325 del Código Penal Federal para aumentar las sanciones previstas para los servidores públicos que maliciosamente o por negligencia retarden u obstaculicen la administración de justicia en caso de feminicidio.
Aclaran que con esta modificación tendrán una pena de 4 a 12 años:
Con la modificación, para dicho delito, de la una pena de prisión de 4 a 12 años, que actualmente es de tres a ocho años; y en el caso de la multa, se mantiene, de 500 a 1.500 días multa.
Además, será destituido e inhabilitado el funcionario a cargo del caso:
También se estableció que el funcionario será destituido e inhabilitado para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta. “La inhabilitación comenzará a correr una vez cumplida la pena de prisión”, destacan.
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Solo el año pasado se registraron 948 feminicidios:
El dictamen aprobado indica que el feminicidio constituye la forma más extrema de violencia de género y representa una de las manifestaciones más graves de discriminación contra las mujeres, porque culmina en la privación de la vida.
Según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Durante 2022 se registraron 948 feminicidios a nivel nacional.
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