Si bien representa un avance, la noticia dada ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de que ocho militares recibieron formal prisión por el caso Ayotzinapa, llega tarde y representa un avance marginal en el compromiso de AMLO de hacer justicia a los 43.
La tarde de este lunes, el subsecretario Encinas tuiteó que “el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, dispuso formal auto de prisión contra los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
La semana pasada se informó de la reactivación de 17 órdenes de aprehensión que originalmente habían sido solicitadas y canceladas en septiembre, en un enredo político-judicial que no ha sido del todo esclarecido hasta hoy. De ellos, uno corresponde a un civil y 16 a un militar.
Simultáneamente trascendió que de estas personas, ocho ya habían sido detenidas. Hoy queda claro que son los ocho integrantes que siguen activos en el Ministerio de la Defensa Nacional.
Ese arresto, sin embargo, no sería un verdadero avance hasta que se decretara la formal prisión. Habiendo ocurrido esto, cabe preguntarse por qué los otros ocho militares (que cabe decir que ya fueron dados de baja) señalados por estos hechos están libres, entre ellos un coronel clave para esclarecer el caso.
Estos militares están acusados de desaparición forzada y está por ver si esta incriminación no cae en el proceso, dado que en términos llanos los elementos de la Sedena están señalados por “comisión por omisión”, es decir, por tener conocimiento de lo que sucedieron no intervinieron.
“Estuvieron al tanto de los hechos en todo momento, porque independientemente de las fuentes de información (como C-4) que tenían, los propios imputados reportan haber visto muertos, camionetas que estaban paradas en diferentes puntos de la ciudad, y también estudiantes quienes les pidieron ayuda para llevar a los heridos al hospital, por el contrario mostrándose hostiles con ellos y amenazándolos apuntándoles con las armas de fuego que traían consigo.
“Y con respecto a las pruebas que fueron utilizadas como documentales en esta etapa procesal, ciertamente dichos medios, más que desvirtuar la acusación de la representación, simplemente los ubican en los hechos, como agentes que tenían conocimiento de lo que sucedía ese día y la capacidad que tenían para poder actuar en consecuencia y a favor de la sociedad, cosa que no hicieron y con tal omisión contribuyeron al resultado de la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa”, indica el expediente.
Entre los que no han sido puestos a disposición del juez está el coronel Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada. Procesarlo sería clave para establecer los presuntos vínculos entre ese comando y el grupo Guerreros Unidos.
Mientras no se produzca esa detención, rondará el temor de que al Ejército le resulte más barato entregar las tropas que ayudar a esclarecer la acusación contra Hernández Nieto: la justicia no será completa si no se respeta el papel institucional en este crimen. aclarado y todo queda reducido a que “algunos elementos” actuaron mal.
Y si bien en esta tragedia de 2014 hubo otros datos positivos –la detención ayer por tortura del excomandante de la SEIDO Gualberto Ramírez Gutiérrez–, a estas acciones legales se unen otras malas noticias: los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que fueron aún en el país, cansados de no recibir la información que han solicitado al Ejército, partirán ahora de México.
Tarde e insuficiente lo hecho por el gobierno de López Obrador en el caso Ayotzinapa.
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