Avanzado en la definición de candidatos presidenciales, ha llegado el momento de generar propuestas concretas en todos los ámbitos de la vida nacional. Esta vez no necesitamos pronunciamientos para la transformación histórica del país, ni planes para la reconstrucción del mundo. Esta vez pedimos programas específicos para la efectividad de cada institución y de cada autoridad.
Los candidatos, tanto Xóchitl como cualquiera de los que asuman el cargo en Morena y MC, deben saber que la Propiedad Intelectual ha sido una palanca de cohesión y desarrollo en las economías emergentes. Casos como el Japón de la posguerra, Corea de los últimos 30 años o la China actual son buena prueba de esta hipótesis; y para las grandes economías, la Propiedad Intelectual es uno de los pilares de su fortaleza y liderazgo.
En la actual administración, la mirada de las autoridades se ha centrado en grupos que tradicionalmente han estado fuera de la Propiedad Intelectual. En el caso de Indautor, el sexenio ha estado marcado por la necesidad de incrementar la protección de las expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, lo que finalmente ha aterrizado conceptos académicos en una compleja ley para combatir la apropiación cultural.
En el caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la orientación también ha sido marcada hacia sectores tradicionalmente poco visibles en el marco de los derechos de patentes y marcas. Hoy, al amparo de una visión de mayor contenido social, se incentiva a grupos de productores de distintos rincones del país a proteger sus productos como Indicaciones Geográficas, así como a pymes y empresarios individuales a registrar sus marcas. A nivel tecnológico, el IMPI también anima a los inventores independientes a utilizar el sistema en su beneficio.
Hay que reconocer que ambas visiones tienen mérito y no excluyen la eficacia que se espera de una legislación que promueva la creatividad y la innovación. Sin embargo, el momento que vive el país requiere reenfocar objetivos y tareas. la nueva ola de deslocalización cercana que baña al país requiere de un sistema de Propiedad Intelectual moderno y eficiente, en el que no sólo existan todas las figuras que la situación actual en estas materias ha desarrollado, sino que también se deberán incrementar significativamente los niveles de observancia.
A nadie se le escapa que la simpatía de este régimen por el comercio informal ha hecho caer drásticamente las operaciones y acciones para prevenir la piratería, provocando que el último eslabón de la cadena niegue la efectividad del resto del sistema. De poco sirve registrar derechos si la exclusividad que prometen no está garantizada en el mercado.
México es un país que tiene una deuda histórica con su potencial de productos intelectuales legalmente protegibles. Su enorme capacidad para crear activos de economía naranja, que se ha concentrado en la industria audiovisual, debe seguir de cerca la producción de marcas globales, la innovación tecnológica en sostenibilidad y medicina y, enfáticamente, con su enorme patrimonio de patrimonio cultural. La Propiedad Intelectual subyace a las propias cadenas productivas y, precisamente por ello, debe privilegiarse como estratégico su papel en cualquier plan de desarrollo.
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