Ya sabrán que entre el martes y el miércoles pasados, las huestes de López Obrador en la Cámara de Diputados trabajaron a destajo. Desapareció el Insabi, entregaron el Tren Maya (con todo y financiamiento adicional) al Ejército, cerraron Financiera Rural, gravaron Conacyt y reforzaron la opacidad en las cuentas públicas. Aprovechando su mayoría, ignoraron las críticas de la oposición, los pedidos de los ciudadanos y, sin siquiera leer, aprobaron lo que les indicaban.
Esta avalancha tiene que ser ratificada por el Senado, y luego enfrentada por la Corte Suprema, porque supongo que varias de las modificaciones serán impugnadas. Esto no quiere decir que la Corte necesariamente los declare inconstitucionales, aunque supongo que tendrá su peso la amplia vulneración del proceso legislativo.
El apuro, lo discutimos el miércoles y Enrique Quintana lo reforzó ayer, tiene que ver con tiempos electorales. Para septiembre, en la próxima sesión ordinaria, ya estaremos en el crepúsculo presidencial, quizás hasta con un candidato ya definido, y será muy difícil garantizar la abyección (perdón, disciplina) que vimos esta semana. Era urgente, supongo, bloquear auditorías y revisión de cuentas, porque en Insabi y Financiera Rural parece haber fraudes de decenas de miles de millones de pesos, y en la primera, además, el mal uso de 500 mil millones. También era urgente terminar de entregar al Ejército los recursos públicos, la infraestructura y el control del espacio aéreo. Y, finalmente, era urgente demostrar los beneficios de lo público sobre lo privado en términos de creación de conocimiento. Es decir: corrupción, militarización e ideología.
Ha pasado mucho tiempo desde que esta columna afirmó que el actual gobierno no había resuelto ninguno de los problemas que tenía el país, sino que había agregado otros nuevos. En concreto, no se abordaron los dos temas que fueron decisivos en la campaña de 2018, la inseguridad y la corrupción. Peor aún, no hay sexenio más corrupto que el actual, según toda la evidencia que tenemos, a lo que hay que sumar las modificaciones legales de esta semana, que buscan ocultar fraudes similares, o mayores, al lo ocurrido en Segalmex, que ya era el registro histórico.
Aunque nunca lo ofreció en campaña, López Obrador ha decidido entregar el país a los militares. Ya controlan aduanas, aeropuertos, espacio aéreo, puertos, servicios turísticos, servicios de salud. Aunque la Corte lo ha rechazado, todavía están a cargo de la seguridad pública y no parece que se vayan a ir. Para los incautos que vean alguna virtud en esto, déjenme decirles que detrás de la inmensa opacidad militar, también campa a sus anchas la corrupción.
Para cerrar, la destrucción del Conacyt, y su sustitución por un organismo que dice incluir a las humanidades, pero que en realidad elimina a los investigadores y científicos de cualquier espacio de decisión, es un paso más en la búsqueda del control del pensamiento. No hay mucha diferencia en lo que se hace con la Escuela Novomexicana: se trata de reemplazar el saber por la ideología. No hay diferencia entre Álvarez-Buylla y Marx Arriaga, entonces.
El gobierno de López Obrador promueve el camino cubano de destrucción: corrupción, militarización e ideología. Eso, sin embargo, sigue chocando contra un muro formado por la Corte Suprema, por una economía complejísima y por una oposición que, si bien no puede detener la locura en las cámaras, sigue siendo parte de la contienda.
Sigo pensando que este camino de destrucción no tendrá éxito. Creo que el muro de contención es lo suficientemente fuerte y los destructores se han quedado sin tiempo. Por eso, me imagino, esa sensación de caos que hemos presenciado esta semana, y que es señal de lo que seguiremos viendo: la desesperación de los que tuvieron la oportunidad, y se les fue de las manos.
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