La actual administración está comprometida con captura de autoridades y militares para resolver el caso Ayotzinapa. Al mismo tiempo, crece el número de libertades otorgadas a quienes habrían desaparecido y asesinado a los 43 normalistas; algunos incluso son testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR).
El martes pasado, Raquel Ivette Duarte, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, emitió 16 nuevas órdenes de arresto solicitada por la FGR contra militares, ocho de los cuales ya han sido detenidos y, al cierre de esta edición, aún no se ha definido su situación jurídica.
La FGR los acusó de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 normalistas. La defensa adelantó que solicitó la duplicidad del término constitucional, y será el próximo martes cuando se defina si quedan libres o presos.
Junto a los militares también está preso el exjefe de la PGR (hoy FGR). Jesús Murillo Karam, detenido en agosto de 2022 y quien se encuentra sujeto a proceso penal por desaparición forzada, tortura y obstrucción de justicia en el caso. La FGR solicita una pena de 82 años de prisión en su contra.
Además, tiene cerca de 50 órdenes de aprehensión contra autoridades administrativas y judiciales de Guerrero; policías de Iguala, Huitzuco y Cocula, así como policías estatales.
Por el contrario, la dependencia federal no ha podido fundamentar las acusaciones contra quienes, se ha dicho, están directamente relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La derrota más reciente de la FGR es la propinada por José Luis Abarca, quien fue señalado en las investigaciones como uno de los principales culpables. El exalcalde de Iguala fue exonerado, pero no está libre porque fue acusado de otro homicidio.
Miembros de Guerreros Unidos también han sido liberados por haber sido sometidos a tortura. Algunos se convirtieron en testigos colaboradores de la FGR.
Uno de los testigos colaboradores es Gildardo López Astudillo, el Cabo o el Gil, uno de los cabecillas del grupo delictivo y que utiliza el nombre protegido Juan.
Otros liberados son Patricio Reyes, El Pato, señalado como verdugo del joven; Felipe Rodríguez, el Pincel; Salvador Reza, el Wereke; Agustín García, el Chereje, y Miguel Ángel Landa, el Chequel.
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