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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) que la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam creó una narrativa para ocultar lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa, a la que denominó “verdad histórica” y se sumó al pedido de sancionar a los responsables, desde una conferencia en el normal rural Isidro Burgos.
La ubicación de fragmentos óseos y la identificación genética positiva de Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz “en un lugar diferente al basurero de Cocula o al río San Juan constituyen una prueba más que desvirtúa y demuestra las inconsistencias de la versión oficial sostenida por la entonces PGR sobre el destino final de los estudiantes”, señaló la CIDH en su último informe.
“En el marco de su obligación de garantizar los derechos humanos, México mantiene su deber internacional de investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la llamada “verdad histórica”, máxime por tratarse de personas que actuaron como agentes del Estado”, También se refirió al informe de la CIDH.
Al respecto, Esmeralda Arosemena, comisionada de la CIDH en México, señaló que este informe también tiene un recuento de todos los elementos que representan y han representado la obstrucción a la justicia como la llamada verdad histórica, a la que doy el apellido, ni es cierto ni es histórico.
La supuesta incineración de los cuerpos en Cocula, porque no puedo decir que eso pasó. La implantación de los restos óseos en el río San Juan, las declaraciones de autoinculpación obtenidas bajo tortura, las diligencias fabricadas para construir una supuesta verdad que solo pretendía engañar a las familias de los 43 estudiantes, engañar al pueblo mexicano y a las organizaciones , sus representantes y los organismos internacionales que supervisan el caso, continuó Esmeralda Arosemena, comisionada de la CIDH en México, al presentar el documento.
La Comisión observó que esta situación cobraba mayor relevancia considerando que, según las observaciones del GIEI, desde diciembre de 2014 la entonces PGR contaba con información relevante sobre el hallazgo de restos calcinados en la Barranca de la Carnicería y, “pese a las solicitudes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar las diligencias ministeriales pertinentes, las autoridades ministeriales no dieron seguimiento a dicha línea de investigación para corroborar si los restos podían tener relación con el caso, ni para explorar el inmueble.
Arosemena cuestionó la injerencia en el caso de agentes de la Fiscalía General de la República de personas ajenas a la UEILCA, lo que motivó la salida de su titular.
Asimismo, señaló que las capturas de pantalla difundidas luego de la presentación del informe de Alejandro Encinas representaban “conclusiones adelantadas” que ensuciaron el trabajo que venía realizando el COVAJ hasta ese momento.
“Le damos al Estado, a las instituciones, esta guía orientadora para realizar o reconducir aquellas acciones que sean necesarias para que esta investigación tenga el debido cauce. Si no hay independencia, no hay garantía de verdad ni de justicia”, explicó el relator.
“La investigación tiene que ser independiente, no puede haber interferencia del Ejecutivo ni del Legislativo ni de nadie”, dijo Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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