CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía de la Ciudad de México ordenó la captura del diputado local Christian von Roehrich por su presunta participación en una supuesta red de corrupción inmobiliaria, en la Alcaldía Benito Juárez.
Por su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, y en particular de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, en especial de las personas que compran de buena fe, inmuebles en zonas de alta plusvalía, construidos en forma irregular, Les informo que, en la madrugada de este jueves, detectives de la Policía de Investigaciones aprehendieron a Ismael “N”, José Ramón “N” y Alejandro “N”, ex servidores públicos de esa demarcación”, comentó el vocero de la dependencia. Ulises Lara López.
Según la Fiscalía, “los tres exfuncionarios ocuparon cargos públicos en esa demarcación, durante el sexenio encabezado por Christian, actual diputado local y ex alcalde en Benito Juarez”.
Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario realizar un juicio de origen ya que los legisladores locales no tienen jurisdicción constitucional, por lo tanto, Christian “N” no tiene inmunidad procesal.
“Como ha sido señalado, la Fiscalía General de la Nación ha abierto una nueva línea de investigación, con pruebas sólidas aportadas por uno de los exfuncionarios ya procesados, que podrían configurar la posible asociación delictiva de personajes de alto nivel jerárquico en distintas administraciones de la Alcaldía Benito Juárez, que se sumaría a las investigaciones por la violación del ordenamiento territorial en dicha demarcación”, mencionaron las autoridades.
Tras el sismo de 2017, la alcaldía de Benito Juárez repartió cerca de 207 millones de pesos asignados a supuestas empresas fantasmas, dice la denuncia.
Esta asignación fue a través de tres contratos: dos de ellos emitidos por un importe exacto destinado a dos empresas distintas para el arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional de mantenimiento de los inmuebles públicos afectados.
“Según las investigaciones, los integrantes y las actividades posteriores de dichas empresas han dejado claro que en realidad sirvieron posiblemente para simular un uso correcto de los recursos públicos”, comentó Lara López.
“Guardando el secreto que exige el debido proceso, también podrán verse a las autoridades federales competentes, ya que podrán configurarse los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y cualesquiera resultados”, agregó.
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