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Dijeron que el huachicol se iba a acabar pero todo apunta a lo contrario. Según industriales del gas LP, al menos el 8 por ciento del gas que se consume en el país proviene del mercado negro, cifra que casi se triplica en el centro del país, donde esta cantidad llegaría a entre el 15 y el 20 por ciento, lo que representa una cantidad de 1 mil 100 millones de pesos mensuales.
“Estimamos que el 8 por ciento del gas que se distribuye en el país es de origen ilegal. (…) Creemos que el mercado ilegal en la zona central del país representa entre el 15 y el 20 por ciento”, según Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP.
De ese volumen, estimó que un 70 por ciento proviene de ductos de Pemexmientras que el 30 por ciento restante se obtiene robando unidades de carga.
En entrevista para “Tando Cabos” con Denise Maerker, la líder de las distribuidoras de energía destacó que entre 2018 y 2022 las tomas clandestinas de gas reportadas por Pemex pasaron de 215 a 2,684. También estimó que entre 6,000 y 8,000 camiones cisterna que transportan gas LP no cumplen con la normativa, lo que desata una competencia desleal entre comerciantes.
Destacó que las entidades donde más se presenta este problema es en la zona denominada “Triángulo Rojo”, donde se ubican Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.
Este gas acaba en el mercado a través de gasoductos no registrados que distribuyen el combustible sin garantías de seguridad y origen del producto.
“Hay un mercado de distribución que tiene que ver con tuberías que no están reguladas y con estaciones de carburación que tampoco tienen permisos, y ese es precisamente el tema. Las empresas establecidas que tienen regulaciones no pueden comprar gas de origen ilícito”, dijo.
La CDMX es un mercado atractivo para el comercio ilegal de gas LP, ya que alrededor del 25 por ciento de esta energía se consume en el país, calculó Landeros.
Los gaseros se enfrentan al crimen organizado
Luis Landeros explicó que otra de las dificultades que enfrenta el sector de las distribuidoras de gas LP es la presión del crimen organizado, que les exige pagos por operar en algunas regiones e incluso les cobra por seguridad.
“El cobro de tierras, extorsiones y situaciones de este tipo están entre las prácticas. No solo en el estado de Guerrero, en muchos otros estados de la República donde los repartidores tienen que lidiar con estas situaciones.
“Grupos locales de delincuencia organizada y seudosindicalistas están cargando hasta el suelo. En diferentes vías y en diferentes horarios hemos ido denunciando a las autoridades. Para poder circular te piden plata o para defender tu zona. Simplemente te piden por dinero para repartir en una zona”, lamentó el dirigente de las distribuidoras de gas LP.
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