Obviamente y por razones políticas, nuestro gobierno actual siempre ha tenido cuidado de no aumentar el déficit en las cuentas públicas. Prueba de lo anterior es que por ello las principales calificadoras de riesgo internacionales han mantenido una calificación que nos permite como país mantener el grado de inversión y así poder retener todo el capital “golondrina” o “viajero” que queda invertido en el corto plazo. término en México.
Sin embargo, una cosa es mantener bajo control el déficit y otra la distribución eficaz y eficiente de todos los recursos de que dispone la actual administración de acuerdo con el presupuesto autorizado por el Poder Legislativo.
Prueba contundente de lo anterior es la forma altamente politizada en que se están asignando estos recursos. Por ejemplo, una proporción importante se orienta al “gasto social” para, en teoría, apoyar a las personas más necesitadas, donde sin los controles adecuados se están distribuyendo sumas muy importantes de dinero a habitantes que tienen un perfil socioeconómico fácilmente coaccionable. con fines electorales.
Por otro lado, como cuestión prioritaria, se asignan montos ingentes a los grandes proyectos estructurales del presidente. El Tren Maya, la Refinería 2 Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles; Son un claro ejemplo de la improvisación y la falta de estudios de factibilidad que midan su impacto económico, ambiental y social. Este último se ha manifestado a través de grandes gastos sin ningún tipo de control y hoy están desproporcionados en cuanto a su costo original.
Para cerrar con un “final de oro”, tenemos el obstinado respaldo de Pemex y CFE como los pilares económico-gubernamentales que permitirán al país, falazmente, entrar en una era de desarrollo sustentable en la llamada 4ta. Transformación. Cuando en realidad ambas empresas paraestatales representan un verdadero “barril sin fondo” donde se están derrochando miles de millones de pesos.
¿Cuáles son las consecuencias de toda esta improvisación y desorden? En primer lugar, el desmantelamiento sistemático de toda la estructura administrativa y del funcionamiento del gobierno debido a una incomprendida austeridad republicana, que está generando un nivel de parálisis parcial o total en importantes servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
Además, nuestros sistemas de salud están prácticamente saturados y en el caso del INSABI, totalmente desmantelados. Generando problemas de salud muy importantes para toda la población. Una prueba contundente fue el exceso de mortalidad registrado en las cifras del INEGI para el periodo de la contingencia sanitaria. Esto significó aproximadamente 700.000 personas que fallecieron a causa del COVID 19. A todo esto habría que sumarle una imprudente escasez de medicamentos, entre ellos, los que tienen que ver con enfermedades como el cáncer y las vacunas correspondientes al plan básico de vacunación infantil. y por covid.
La educación pública no estuvo exenta de esta situación, la cual se encuentra en total abandono y sin posibilidad de dar un mantenimiento adecuado a toda la infraestructura educativa ya instalada a nivel nacional.
Por razones obvias, no podemos dejar de lado la seguridad. Siendo uno de los segmentos que menos atención ha tenido, con niveles de gasto por debajo del mínimo necesario para poder mantener una sólida plataforma de seguridad en el país. Los estados también se vieron afectados, al reducir su participación, dejando en claro que las policías locales no contarán con lo indispensable para cumplir su función y por lo tanto fácilmente podrían ser víctimas de su involucramiento con el crimen organizado.
Este balance de todo lo planteado no sólo es negativo por su ineficiencia e ineficacia, sino también por el riesgo inminente de que nuestro gobierno caiga en tal nivel de insolvencia que no le permita cumplir con sus principales compromisos. Ya que además de los básicos, están sus compromisos financieros derivados de la deuda pública interna e internacional, que inevitablemente ha ido aumentando significativamente durante los cuatro años del actual gobierno.
Todos estos síntomas junto con la inflación actual y la situación geopolítica que prevalece a nivel mundial nos llevan inevitablemente a la certeza de que entraremos en una crisis fiscal y económica en el mediano plazo. Algunos especialistas aseguran que se manifestará hasta después de las elecciones de 2024. Sin embargo, otro buen número estima que la realidad y el destino podrían alcanzar a la actual administración antes de que entregue el poder. Lo cierto es que estamos ante un escenario donde seremos testigos de la crónica de una crisis anunciada.
El autor es Doctor en Filosofía, fundador de Human Leader, Socio-Director de Think Talent y Profesor del ITESM.
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