Defender la democracia y sujetar su conducta a la ley es obligación de todo gobierno, no es una concesión gratuita a los votantes sino una de sus responsabilidades fundamentales. En el conocido caso Yatama contra Nicaragua (2005), la Corte Interamericana de Derechos Humanos reflexionó que atenta contra la expresión soberana de la ciudadanía si las autoridades electas por voto popular cumplen sus funciones en contravención al Estado de Derecho.
Nuestra tradición constitucional incluye el principio de la división de poderes como forma de organización de un gobierno moderado, de acuerdo con el concepto de montesquieu ampliamente estudiado por Norberto Bobbio. No es posible concentrar el poder ejecutivo, legislativo o judicial en una sola persona, y mucho menos invadir los poderes que expresamente le son conferidos. Por el contrario, se debe generar una sinergia de equilibrio y respeto entre ellos; y por ello, es lamentable la expresión del presidente de la república al señalar que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en esa responsabilidad por él.
La democracia no se encarna en una sola persona, por más apoyo popular y legitimidad que tenga en el origen y ejercicio de su mandato, menos aún, encarna la verdad absoluta para ofender de esta manera a los titulares o miembros de otros poderes o grupos de ciudadanos que no son solidarios porque no convergen con su proyecto. La división del poder público en nuestro país se deriva de la adopción de ideales liberales universales que permearon las luchas de muchos mexicanos que a lo largo de nuestra historia lucharon por instaurar un régimen de derechos y libertades en nuestro país.
Hoy la ciudadanía también está en defensa de nuestra democracia. Igual derecho a la libre expresión tenemos los que no estamos de acuerdo con el plan electoral “B” de López Obrador y vamos a centrarnos en el Zócalo, como los que apoyaremos los festejos por la nacionalización de la industria petrolera; tal como sucedió con la marcha rosa del 13 de noviembre y la posterior movilización del presidente que volvió a salir a la calle para demostrar su capacidad de convocatoria.
Vivimos en un régimen de libertades hoy golpeado por la intransigencia del oficialismo que pretende mantener dividido al país, en un clima polarizado y beligerante, bajo la absurda premisa del “estás conmigo o contra mí”. A pesar de ello, miles de personas y decenas de organizaciones ciudadanas se unirán para participar en el mitin del Zócalo el 26 de febrero con libertad y convencimiento”.
El plan B se aprobará en breve. Es el momento de la Corte que conocerá la presentación de acciones de inconstitucionalidad y tendrá la oportunidad histórica de revocar los cambios abiertamente inconstitucionales a seis leyes electorales que reducen la operatividad y atribuciones del INE, mientras Morena y sus servidores públicos se atendían con la cuchara grande Es urgente restaurar el principio de la división de poderes y la observancia del estado de derecho.
Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no podrá aplicar el plan B y atender las justas demandas del personal del INE, quienes se verán vulnerados en sus derechos. No hay retorno. Es el turno de los jueces, quienes deberán demostrar su independencia y su vocación democrática para hacer cumplir la ley.
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