mar. May 5th, 2026

Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara

Hace más de dos años, en octubre de 2020, el informe de Signos vitales denominado “México enfermo con signos de régimen totalitario” (https://signosvitalesmexico.org.mx/reportes/reporte-2-completo/). Muchos analistas de la época consideraron que el título había ido demasiado lejos y que México ni siquiera estaba al borde de convertirse en un régimen totalitario. En realidad, lo que el título solo indicaba era que había “señales” de un régimen totalitario sin serlo todavía. Creo que tanto los críticos como Signos Vitales tenían razón: México no era un régimen totalitario, ni lo es todavía, pero ya había indicios del camino que estaba tomando el nuevo gobierno.

Desde aquel octubre de 2020, el informe señala que “existen numerosos indicadores que muestran que México se encamina hacia convertirse en un país de un solo hombre, sumido en una depresión económica y con una sociedad cada vez más empobrecida, distanciada y desigual, sin haber erradicado la corrupción, y mucho menos impunidad. La democracia mexicana, con todas sus imperfecciones, es acechada desde el poder. Las instituciones democráticas se han debilitado e incluso algunas han desaparecido por la anulación de su eficacia. Ya sea mediante castigos, intimidaciones, asignaciones discrecionales, retiro de recursos públicos o nuevas nombramientos en puestos clave, se están creando condiciones que fortalecen el poder y la influencia de las Fuerzas Armadas al mismo tiempo que socavan la institucionalidad civil.. El gobierno está desarrollando simultáneamente acciones que debilitan a los actores civiles e institucionales que sirven de guardianes y contrapesos al poder presidencial. es una tendencia preocupante hacia la concentración de f el poder público en una sola persona, apoyada en las Fuerzas Armadas, en un proceso cada vez más claro de militarización del Estado” (pp. 19-20).

Hoy, 23 de marzo de 2023, esta tendencia no solo se ha confirmado sino que se ha intensificado. Hoy no queda la menor duda de que López Obrador, con el beneplácito del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Zaldívar, buscó neutralizar a la Corte. El último acto fue la quema de la efigie de la presidenta del Tribunal de Justicia, la ministra Norma Piña, sin duda animada por los constantes ataques a su persona en la mañana, y que con valentía y total dignidad le ha dado un rostro de autonomía a la Corte que parecía haber perdido en la era Zaldívar. Hoy es evidente el poder que las Fuerzas Armadas han acumulado en la vida pública, al grado de espiar a activistas sociales, periodistas y otros civiles de manera ilegal y desde un centro de inteligencia que no está en la estructura de la Sedena y con total impunidad. No debería ser así. Hoy se ha intensificado el acecho del árbitro electoral, como ha ocurrido recientemente en numerosos países autoritarios y populistas, intimidando a sus asesores y promoviendo reformas claramente inconstitucionales para allanar el camino a unas elecciones estatales en 2024. Tampoco hay sombra de duda sobre la la presión sobre el INAI y la colonización de otros órganos constitucionalmente autónomos que ha logrado neutralizar como contrapesos constitucionales, principalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y a esta lista se pueden añadir numerosos ejemplos de lo sucedido.

La degradación de nuestra democracia fue planeada desde un principio por Andrés Manuel López Obrador. Su plan era tan loco que pocos lo creyeron y muchos otros no quisieron creer sus propósitos de destruir nuestra democracia. Era demasiado terrible para ser verdad. Pero las pistas ya estaban ahí, para quien quisiera verlas. López Obrador ha seguido su proyecto paso a paso, sin interrupción, durante los últimos cuatro años. Este proceso no ha pasado desapercibido para observadores colectivos como Signos vitalesni a mediciones internacionales como las que realiza el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de la economistao el Índice de Estado de Derecho de Word Justice Project, o el Índice de “Variedades de Democracia” publicado por el Instituto V-Dem.

Ante estos ataques de las andanadas presidenciales, algunas instituciones han logrado resistir. Servidores públicos con enorme dignidad, valentía y amor por la patria han sabido defender las instituciones que son baluartes de nuestra democracia. Un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, activistas, académicos y profesionales también están librando la batalla, con inteligencia y valentía. Hoy parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por la ministra Norma Piña, quien ya ha demostrado su fuerza y ​​dignidad y a pesar de ciertos ministros puestos allí por el presidente López Obrador, es el último dique que puede evitar la destrucción de nuestra democracia. Hoy, más que nunca, la Corte está llamada a jugar un papel determinante en la defensa de nuestro orden constitucional.

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