Antes de asumir el cargo, López Obrador decidió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Ya como Presidente ratificó la decisión, y con ello provocó un daño patrimonial de 330 mil millones de pesos al erario.
Para reparar el daño se le ocurrió construir un aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía, ahora llamada Felipe Ángeles, a un costo de más de 100 mil millones de pesos. Las obras de infraestructura vial para permitir un acceso razonable costarán más de 50 mil millones de pesos. Más importante aún, el aeropuerto no puede generar suficientes recursos para su funcionamiento, por lo que es un proyecto que genera pérdidas. Dado que no hubo estudios de factibilidad, esto también debe considerarse daño a la propiedad.
En la cosmovisión de los nacionalistas nacidos antes de 1960, el petróleo es la base del desarrollo. Por ello, López Obrador decidió derribar la reforma energética de 2013 y aumentar la operación del Sistema Nacional de Refinación (SNR), que había sido ubicado al 50% de utilización de plantas para eliminar pérdidas de un sistema viejo y mal operado. El resultado ha sido el esperado: se pierde dinero a medida que se refina, pero también se acumula el fuel oil, que no tiene ningún fin comercial. Por ello, la CFE comenzó a utilizar este residuo para producir energía eléctrica, elevando los niveles de contaminación en algunas de las ciudades más importantes del país, como Ciudad de México, Monterrey o la Región de Salamanca. El daño ambiental ha sido severo.
Aunque el SNR es oneroso, López Obrador decidió construir una nueva refinería. Tampoco hubo estudios necesarios, pero los que existían antes de este gobierno apuntaban a no construirlo en Paraíso, Tabasco, por el daño ambiental que ocasionaría, el riesgo de inundaciones y los costos de infraestructura para mover tanto insumos como productos. En este caso, además del daño ambiental, el daño patrimonial es muy elevado. No sabemos cuánto, porque no hay información fidedigna, ni del monto gastado, ni del avance de la obra.
En términos de daño ambiental, parece que ninguna de estas decisiones compite con la construcción del Tren Maya, una obra que no tiene sentido económico (tampoco hubo estudios), pero que ya ha causado daños irreparables en terrenos muy frágiles. Tampoco hay datos fiables sobre el coste o el avance de la obra.
Todas estas decisiones son directamente atribuibles a López Obrador, y por lo tanto lo hacen culpable, no solo responsable, de un derroche de más de un billón de pesos en obras innecesarias, y al menos lo mismo en el rescate de Pemex y en subsidios a CFE que no debían existir desde las reformas de 2013. el mercado eléctrico, el daño al sistema educativo por la desaparición del INEE y la multiplicación de personas sin acceso a la salud, tanto por la desaparición del Seguro Popular como por la destrucción del sistema de compras.
Todo lo anterior, sin embargo, palidece frente a la publicación, en la cuenta personal de Twitter de López Obrador, de información fiscal confidencial. Eso ya no es irresponsabilidad administrativa ni daño patrimonial. Esto es un crimen. El Presidente de la República es un criminal.
Hace un tiempo consulté con un constitucionalista si se podía hacer algo con el daño patrimonial y la irresponsabilidad administrativa, considerando que con ello se quebrantó la protesta del Presidente de cumplir con la Constitución y las leyes. Ahora ya no es una cuestión de interpretación constitucional. Ahora es un asunto penal (Código Penal Federal, artículos 211 y 214) que amerita un par de años de prisión.
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