vie. Ago 28th, 2026

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, para frenar la extorsión de las empresas financieras a través de los llamados ‘debt riders’.

Con modificaciones y adiciones a los artículos 111 bis y 106 del la Ley de Instituciones de Créditobusca frenar a las empresas de servicios financieros que “son despiadadas con la población más necesitada, que operan ofreciendo créditos que, al parecer, suelen contratarse de forma expresa y con pocos requisitos, a través de aplicaciones digitales”.

Sin embargo, estas empresas “realmente se aprovechan de la urgencia economica de familias a cobrar intereses desproporcionados; requieren el pago por adelantadode modo que en pocas semanas un préstamo de 10 o 20 mil pesos se vuelve impagable y una sangría para el patrimonio de la familia”, dice el dictamen.

¿Cómo trabajará contra las ‘montadeudas’?

Los diputados aprobaron el dictamen con 32 votos, tres abstenciones y cero en contra.

Luis Armando Melgar Bravo, de PVEM, precisó que el propósito es prohibir que las instituciones de crédito soliciten información privada a los usuarios, como contactos, fotos y videos contenidos en medios digitales, ya sean celulares, tabletas y computadoras cliente.

Agregó que se aumenta la pena a nueve años de prisión cuando la conducta se realice a través de aplicaciones que ofrezcan servicios financieros, operadores de pago, plataformas de servicios digitales, redes sociales o servicios de internet.

Lo anterior, señaló, con el fin de brindar mayor seguridad a los usuarios de servicios de financiamiento a través de aplicaciones o páginas de Internet y evitar que sean presa de hechos delictivos.

El diputado Jericó Abramo Massodel PRI, señaló que esto es producto de una demanda social colectiva como resultado de más de 500 mil fraudes detectados por diferentes instituciones gubernamentales, asociaciones y grupos de la sociedad civil.

“Esta iniciativa evitará que millones de familias caigan en las garras de estos agiotistas disfrazados de empresas y que son entes ilegales que se dedican, bajo el lenguaje financiero, a prestar dinero con alto condiciones de credito de casi 250 por ciento de interés anual”, dijo.

La diputada Carol Antonio Altamirano, de Morena, agregó que se respaldará la sentencia, porque busca combatir uno de los atropellos que afecta a miles de familias en el país y porque de ninguna manera “debemos quedarnos de brazos cruzados ante las acciones de particulares y empresas que realmente son extorsionadores que no tienen piedad con la población más necesitada”.

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Metro

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