En la colaboración anterior, previa a las vacaciones de Semana Santa, abordé aquí detalles de la iniciativa de ley minera que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cerré ese texto preguntando cuál sería el papel que jugará el gobernador Alfonso Durazo, ya que el sector minero es un pilar importante de la economía sonorense.
Pues ya lo sabemos, ya lo dijo y se lo dijo a los propios mineros durante la toma de posesión de Héctor Ortíz como presidente de la Asociación de Mineros de Sonora (Amsac).
No envió un mensaje a nadie más, fue él mismo quien se lo contó en vivo y en directo.
Es decir, pero básicamente lo que dijo el mandatario estatal es que está consciente de la importancia del sector, que conoce los desafíos que implicaría la nueva ley si se aprueba en los términos que ha sido propuesta, que está dispuesto a unirse para hacerles frente.
Ah, pero si necesitas ponerte del lado de alguien, lo harás con el Presidente de la República.
Pues ahí está la respuesta y si entendemos la lógica del poder y el lugar que en él tiene Durazo Montaño, no se puede esperar otra cosa.
Sin embargo, esto no significa que a pesar de la claridad con la que el Gobernador se dirigió a los mineros, no pueda ser un gestor, un canal de comunicación entre la industria y el gobierno federal, sobre todo porque también se sabe que las empresas que operan en Sonora ha colaborado en más de una ocasión y en más de un tema con el gobierno del estado.
De los que rodean a López Obrador, el presidente sonorense es quizás uno de los perfiles más serios y con más maquillaje político y me parece que esta podría ser una buena apuesta para transmitirle al Presidente la posición del sector y para encontrar un punto de equilibrio en esa iniciativa.
Porque no se trata de volver a la época de las cuevas, como parecen querer algunos grupos con el apoyo de las alas más radicales de la 4T.
Recientemente hemos visto un activismo por parte de las diferentes asociaciones relacionadas con este sector, socializando su disconformidad con esta reforma legal que consideran que causará graves perjuicios a la actividad en todo el país, ahuyentará inversiones en puerta, poner fin a algunos que ya están en marcha y podría acabar con cientos de miles de puestos de trabajo bien remunerados que se están creando.
Y además lo seguirá haciendo porque es su derecho, porque si bien es una actividad fuertemente regulada, aunque sean concesiones que otorga el Gobierno, es el capital privado el que se pone en riesgo en cada uno de los proyectos.
La respuesta del Gobernador la escucharon quienes debieron escucharla, allí estuvo personal y ejecutivos de las más importantes firmas nacionales, entre ellos Xavier García de Quevedo, vicepresidente de Grupo México, quien por cierto ha sido un aliado de este gobierno en la plan de justicia para Cananea y en algunas otras cosas.
Creo que lo que sigue es que, una vez que se haga pública la respuesta del Gobernador, es en realidad pisar el acelerador para que los esfuerzos den buenos resultados.
Al fin y al cabo, creo que es claro el daño que se le puede hacer al Estado si esto continúa.
Se entiende si Durazo piensa que le quieren poner agenda, que haya respondido como lo hizo en público.
Pero el trasfondo es más delicado y no conviene que el Gobierno y el sector minero se metan en una dinámica de enfrentamientos, recursos legales y pronunciamientos públicos que no van a llevar a nada, gane quien gane.
Sergio Valle, periodista.
@sergiovallep
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