En mi nota de la semana pasada, comenté al final que luego de que esta administración eliminó los incentivos fiscales que se habían otorgado a los contribuyentes que invertían sus recursos en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) creadas por la pasada administración del presidente Peña Nieto, en un 180 giro de grado a la política de promoción de inversiones en el Sur, y en el Sureste del País, pasando de los estímulos a la inversión directa del gobierno.
El proyecto ZEE tuvo el propósito de promover un crecimiento económico sostenido y equilibrado en las regiones de mayor rezago económico y social del país, con el impulso del sector privado, y para ello el Congreso aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales ( LFZEE) en 2016, mientras que el Ejecutivo Federal emitió la declaratoria de cinco ZEE hacia fines de 2017 y dos más en el primer cuatrimestre de 2018, con el objetivo de impulsar el desarrollo regional a través de la diversificación productiva, para cerrar las brechas de las diez entidades que van a la zaga del resto del país.
De hecho, las siete ZEE estaban ubicadas en i) Coatzacoalcos, Veracruz, ii) Puerto Chiapas en Chiapas, iii) Lázaro Cárdenas – La Unión en Michoacán y Guerrero, iv) Salina Cruz en Oaxaca, v) Progreso en Yucatán, vi) Champotón en Tabasco, y vii) Dos Bocas en Campeche, comprendiendo claramente no sólo el corredor de Salinas Cruz a Coatzacoalcos, que ahora se está impulsando, sino absolutamente todo el Sur, Sureste del país.
Por otra parte, el paquete de beneficios que gozaban estas ZEE no solo eran fiscales, sino laborales, contaban con un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, programas de construcción de infraestructura, apoyo al capital humano, financiamiento, innovación, así como incentivos. y condiciones preferenciales.
Sin embargo, en abril de 2019, apenas cinco meses después de asumir el poder, el presidente López Obrador decidió dar por terminadas estas ZEE, aunque nunca estuvieron en competencia directa con sus obras emblemáticas en esa región del país, como el Tren Maya, la Refinería Olmeca, y el corredor Transístmico, que ahora pretende consolidar con este decreto para incentivar la inversión en esa zona geográfica del país.
Sin embargo, la redacción del Decreto es realmente deficiente y plantea interrogantes importantes para los potenciales inversores.
En primer lugar, si partimos de una exención tributaria del 100% del ISR durante los tres primeros años, ofreciendo adicionalmente una “depreciación acelerada” del 100% de los activos fijos, parece cuando menos ingenuo, ya que la depreciación es una deducción autorizada por la propia Ley del ISR, que lo que hace es REDUCIR la base imponible, y por lo tanto se paga MENOS ISR si los activos fijos se deprecian rápidamente.
Es decir, si el contribuyente YA tiene un pago de ISR CERO, lo que le conviene es depreciar lo menos posible sus activos, ya que la Ley contiene tasas de depreciación “máximas”, y depreciarlos más, posteriormente, en años con menos impuestos. beneficio.
Por otro lado, el Decreto omite precisar este beneficio de no pago de ISR para los accionistas de las sociedades, toda vez que reciben dividendos por las utilidades distribuidas, los cuales deben acumular el 100% en sus declaraciones anuales como personas físicas, y proceder a “ crédito” el pago del 30% sobre utilidades, realizado por sus empresas.
De tal forma, si una empresa beneficiada con el NO pago de ISR por sus utilidades generadas, reparte dividendos a sus accionistas, personas naturales, se pierde totalmente el beneficio de este estímulo, ya que el accionista, persona natural, tendría que pagar la tasa full del 35% porque no tendría la acreditación del 30% del ISR empresarial.
Finalmente, si los anteriores inversores que apoyaron las ZEE ya se han quedado colgados, ¿qué les hace pensar que habrá inversores más ingenuos que van a pensar que estos estímulos se van a respetar?
Veremos y diremos.
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