Ejército sí porque son buenos, o ejército no porque son malos, es un debate insuficiente. Me parece que hay motivos para recurrir a los militares, pero también los hay para establecer límites y precauciones. Hace un tiempo dejamos atrás la situación de “todo o nada”; para empezar, ya que Calderón los convirtió en fuerzas de ocupación en varios territorios. Sin embargo, gran parte de la discusión sigue teniendo lugar en términos binarios y absolutos, tanto del lado oficialista como del contrario.
El debate tendría que ser otro. En la explicación que ha hecho el Presidente para recurrir a los militares se han colado buenos y malos argumentos. Pero también de sus críticos. Tiene razón López Obrador cuando afirma que la situación de inseguridad es tal que es absurdo tener 300.000 elementos armados sin utilizar ante un problema que ha asolado regiones enteras. El poder de fuego del crimen organizado hace tiempo que superó al de la policía federal y estatal en todo el territorio. No hay patrullas municipales o estatales capaces de enfrentar un contingente de 30 camiones y cien sicarios con armas automáticas y bazucas.
Es muy cómodo afirmar, como si viviéramos en Suiza, la traición que supone un izquierdista o un demócrata al aceptar la intervención del ejército en la seguridad pública. Más bien creo que es inhumano e irresponsable pedir paciencia a tantos habitantes sometidos a la violencia, obligados a abandonar sus pueblos y perder sus tierras o sus hijos ante la impunidad de las pandillas. Y si bien es cierto que en un mundo ideal la respuesta sería la formación de policías profesionales y honestos, es un proceso que llevaría varios años, en el mejor de los casos. No es casualidad que los gobernadores y habitantes de las zonas más agrestes soliciten la presencia de los militares y la Guardia Nacional. Es fácil criticarlo desde las zonas residenciales de la Ciudad de México. El hecho de que Calderón, Peña Nieto o López Obrador, pertenecientes a tres partidos diferentes, hayan coincidido en lo mismo tendría que decirnos algo: recurrir a los militares. Lo que tienen en común, a diferencia de los que sólo damos nuestra opinión, es que ellos, como los gobernadores, son los encargados de hacer algo con el problema.
Pero dejar de satanizar al ejército no significa que tengamos que beatificarlo. Si debemos recurrir a un antibiótico potente, no podemos ignorar los daños colaterales y mucho menos asumir que soluciona el problema de fondo. Me cuesta entender la defensa a toda costa que el Presidente está haciendo de los militares. Existen razones legítimas y defendibles para reclutar a las fuerzas armadas, pero tal decisión tendría que ir acompañada de medidas para abordar los temores comprensibles que esto conlleva. Preocupa que ante la evidencia de que el secretario de Defensa y sus familiares viajan ostentosamente con un posible cargo al fisco, AMLO responde que Loret de Mola también gasta suntuosamente; que, ante el destape de probable espionaje realizado por el ejército a defensores de derechos humanos, el Presidente debe inhabilitar a la persona que reveló estos hechos y anunciar la necesidad de reservar toda información relacionada con las fuerzas armadas por cinco años. En realidad tendríamos que ir en la dirección opuesta: Establecer prácticas de rendición de cuentas, transparencia, respeto a los derechos humanos por parte de los generales.
El tema en disputa en este momento es la adscripción de la Guardia Nacional al Ministerio de Seguridad Pública o al Ministerio de Defensa. Como sabemos, la Corte Suprema falló a favor de la primera opción, en medio de protestas del Presidente, quien afirma que es un error capital y anuncia que buscará un congreso con mayoría calificada para revertir la medida.
Pero el debate, una vez más, se ha dado en términos descalificadores con muy poco análisis de las implicaciones de una u otra opción. El argumento del Presidente de que si la GN se queda en la SSP podría caer en manos de un corrupto García Luna es insostenible, porque eso significa tener más confianza en los generales que en el voto del pueblo o en su sucesor para elegir un funcionario capaz y responsable. . La salida de la corrupción pasa por una transformación, no por entregar el poder a los militares en aduanas, puertos, aeropuertos o actividades turísticas y convertirlos en empresarios. Bajo esa lógica, en algún momento se les debería pedir que controlen el SAT para evitar que Videgaray o Pedro Aspe hagan lo suyo.
Mucho más interesante es el argumento del analista Juan Pablo Morales Garza, quien sugiere que la transición de la GN a la Sedena podría ser el inicio de una suerte de desmilitarización de las Fuerzas Armadas. Conlleva una sugerente tesis (aunque no la explicita): Si México no va a ser invadido y el uso principal de la Armada y el Ejército es interno, habría que convertirlos paulatinamente en una fuerza civil: dos entidades disminuirían en número de elementos, mientras que la GN, dentro de la Sedena, aumentaría en tamaño, reclutaría y capacitaría a sus miembros en criminología y derechos humanos. No suena mal, pero no parece fácil. Primero, no está claro que los generales estén de acuerdo con esta tesis (desmilitarizar, reducir). Segundo, si la GN pasa a la Sedena, la lógica nos lleva a pensar que la formación de los nuevos cuadros tendería a ser más militar y no precisamente en técnicas detectivescas, que no es el fuerte de los militares. Si existe alguna posibilidad de que la GN sea realmente civil, lo más probable es que se logre en la SSP. Tercero, creer que la SSP estaría a cargo de diseñar la estrategia de seguridad, mientras que la Sedena sólo estaría operativa, es asumir una docilidad de los generales que no existe. Cuarto, suponer que la Sedena y las Fuerzas Armadas no son lo mismo es correcto sólo en teoría; en la práctica no hay civiles en ese ministerio; Es cierto que el secretario es elegido por el Presidente, pero de la lista de los propios generales de alto rango, cosa que no ocurre en ninguna otra secretaría.
Por ahora, el Presidente nos pide que confiemos en los militares y apoyemos su creciente papel, sin darnos los argumentos para construir esa confianza. Es difícil compartir esta convicción incondicionalmente. Por otro lado, rechazar categóricamente la participación de las fuerzas armadas, como lo hacen algunos de sus críticos, no solo es una irresponsabilidad ante muchos mexicanos azotados por la violencia, sino que simplemente equivale a negar una realidad que se mantiene vigente desde hace quince años. años.
Por ahora, es hora de fortalecer y profesionalizar a la GN en términos policiales y convertirla en una verdadera fuerza civil, con la apreciable ayuda de los militares. Mientras no haya mejores argumentos o pruebas, me parece que este camino, por complicado que sea, es más viable adscrito a una agencia civil que a una militar. El Presidente nos pide que dentro de trece meses, en las elecciones, entreguemos la institución a los generales sin condiciones. Sin los contrapesos y mejores razones, parece un salto al vacío. Veremos si eso cambia.
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Jorge Zepeda Patterson
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