La semana pasada, Enrique Alfaro salió a anunciar que no buscaría ser candidato a la Presidencia de la República y al mismo tiempo a declarar sus diferencias con la dirección nacional de Movimiento Ciudadano. Muchas interpretaciones y valoraciones ha tenido este mensaje, sin embargo, muy poco se ha dicho sobre lo que esto significa para las personas que viven en Jalisco.
Desde aquí tenemos muy claro que en algún momento Alfaro sí pretendió ser candidato a la presidencia, sin embargo, la actuación de su gobierno no le dio las condiciones para hacerlo: no logró implementar políticas pertinentes, abrió frentes que no le permitió crecer y dejó de ser un actor idóneo para su partido a nivel nacional.
En este contexto, lo que más preocupa a Jalisco son dos cosas. Primero, el diagnóstico del gobernador y su equipo sobre su propio trabajo está tan alejado de la realidad, hay que decirlo: el Jalisco y el gobierno del que habla Alfaro en su mensaje no existen. Y segundo, que el conflicto interno de Movimiento Ciudadano distrae al gobierno estatal de atender sus responsabilidades fundamentales.
Lamentablemente, los naranjas, bajo la justificación de “no ser morena” (aunque en realidad han sostenido un pacto evidente), se han permitido actitudes insensibles y decisiones irresponsables que afectan directamente la vida de millones de personas en nuestro estado. Los ejemplos abundan.
Según datos oficiales, se desconoce el paradero de casi 15,000 personas en el estado. Un dato más: 4 de cada 10 casos de desapariciones totales en Jalisco se han registrado al 6 de diciembre de 2018, día en que Enrique Alfaro asumió como gobernador del estado. A pesar de esta crisis, el gobierno ha recortado recursos para labores de seguridad pública. En 2023, las instancias encargadas de la seguridad, fiscalía y administración de justicia cayeron casi un 1,0 por ciento en términos reales, a pesar de que el presupuesto total del Estado aumentó un 10 por ciento.
La gestión de las finanzas tampoco ha sido su fuerte. En 2018, Alfaro recibió al Estado con una deuda de 23 mil 214 millones de pesos. Casi cinco años después, el Estado debe 32 mil 80 millones de pesos: un aumento del 40 por ciento. A pesar de estos nuevos pasivos, no hemos visto mejoras en nuestra calidad de vida. También ha habido mucha opacidad en la gestión de los recursos públicos. El caso más notorio es el del famoso Fideicomiso Fondo Verde, que se llena con los pagos que hacen los automovilistas de Guadalajara para realizar pruebas ambientales a sus vehículos. Solo en 2022 este fideicomiso recibió 151 millones de pesos, más otros 180 en lo que va del año. No sabemos nada de estos recursos y por más veces que hemos solicitado información sobre ellos, se nos ha negado sistemáticamente el acceso a ellos.
Al contrario de lo que dicen, el medio ambiente no les preocupa. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, hasta junio de este año Jalisco ha tenido una cifra récord de 1,242 incendios (la cifra más alta de todas las entidades y una sexta parte del total a nivel nacional) que han destruido casi 150,000 hectáreas. Nada se ha hecho para combatir la emergencia climática ni para cuidar el patrimonio natural de los jaliscienses.
Y mientras todo esto sucede, el gobierno y el gobernador de Jalisco se han pasado los últimos meses promoviendo la conmemoración de los 200 años de la fundación del estado (esto se puede comprobar en sus cuentas oficiales), la indolencia ha llegado a tal punto. Señala que el mismo día que un grupo de madres de búsqueda identificó una nueva fosa en la capital del estado, el gobernador salió a celebrar que una marca de granola pondría el logo del aniversario del estado en su empaque, sin mencionar una sola palabra al respecto. el descubrimiento.
¿Qué hacer frente a esto? Necesitamos repensar lo que significa construir una alternativa política y, en el caso de Jalisco, organizarnos para que nunca más haya un gobierno tan sordo, indolente e incapaz.
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