Economista, profesor de la UNAM
En el frontispicio de la sede del Tribunal Electoral de Panamá se lee, en grandes letras, la advertencia que escribió José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas: “la salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y grado, depende de una miserable detalle técnico: el procedimiento electoral, todo lo demás es secundario, sin el apoyo del sufragio auténtico, las instituciones democráticas están en el aire.
El recordatorio del filósofo español es relevante porque, aún sin arrancar formalmente, las reglas del proceso electoral 2023-24 ya están bajo ataque. El gobierno quería, a través de una reforma unilateral, desarraigar el sistema electoral que brinda elecciones confiables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el procedimiento legislativo que pretendía modificar las normas e instituciones electorales y desterró el mayor peligro para las elecciones.
Sin embargo, el Gobierno y su partido han hecho explícita su determinación de eludir el respeto al procedimiento electoral, su aversión a cumplir con el “miserable” detalle técnico del que hablaba Ortega y Gasset.
El acuerdo del Consejo Nacional de Morena para designar a su candidato presidencial en septiembre es una clara violación a la ley electoral que define que las precampañas comenzarán la tercera semana de noviembre y no podrán durar más de sesenta días. Es, al mismo tiempo, un desafío abierto a las autoridades electorales.
La violación de las reglas de la contienda democrática por parte del actual gobierno no es nueva. El Tribunal Electoral determinó que en las campañas federales de 2021 el presidente transgredió la Constitución en el 80 por ciento de las conferencias matutinas al hacer propaganda gubernamental. El INE emitió en reiteradas ocasiones medidas cautelares al presidente, miembros del gabinete y gobernadores para que no intervinieran en la revocatoria de mandato. Apenas la semana pasada el Tribunal Electoral dictaminó que el titular del Ejecutivo federal intervino ilegalmente con sus palabras en las campañas de este año en Coahuila y el Estado de México. Y no va a parar.
Las reglas que los que estaban en el poder exigieron y promovieron a la oposición, para que los funcionarios públicos permanecieran ajenos y neutrales en los procesos electorales, son ignoradas una y otra vez. El autoritarismo y la ilegalidad definen la acción política del gobierno.
Por ello, es fundamental que las demás instituciones y actores políticos sean inflexibles en la defensa y respeto del ordenamiento jurídico. En 2024 estarán en juego miles de cargos electivos, pero también la vigencia de las reglas democráticas en la disputa por el poder.
En ese contexto, fue lamentable que el PAN, el PRI y el PRD también decidieran ignorar la norma y adelantar sus precampañas para tener lista su candidatura a la Presidencia desde septiembre.
La idea de que se emuló la trampa de Morena o todo se perdió no es más que una hipótesis, que es endeble: es obvio que el gobierno quería obtener una ventaja indebida comenzando primero, pero las giras anodinas de sus candidatos muestran que podrían haberlo hecho. infringido en sí mismos el desgaste prematuro. Y bastó que apareciera una figura inesperada, Xóchitl Gálvez, para que el escenario cambiara drásticamente. Ese y otros nombres podrían visibilizarse sin iniciar las precampañas ni definir la candidatura antes de los plazos legales.
Por otro lado, es inexacto afirmar que las autoridades electorales ya han dado luz verde a las precampañas previstas. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, si bien no detuvo el proceso de Morena, sí emitió normas contra los actos de proselitismo avanzado; dicha decisión fue impugnada y el Tribunal Electoral aún no se ha pronunciado. Posteriormente, la misma Comisión de Quejas conoció de un proyecto para cancelar las giras de los precandidatos ante la evidencia de que sí buscan la candidatura presidencial y burlan la ley. Esa medida no pasó, pero, nuevamente, puede ser subsanada por la Sala Superior. La Corte aún no ha dicho nada sobre el avance de las precampañas; No dio luz verde, ni dio luz roja. Habrá que esperar a su decisión final. El proceso de Morena aún puede ser declarado ilegal, también el de los opositores.
Esto apenas comienza. En política, pocas cosas son tan dañinas como la idea de que el fin justifica los medios. En una democracia no es así: la legitimidad del fin depende de los medios utilizados, de su apego a la ley.
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