En México, la situación de los pacientes que necesitan medicamentos a base de cannabinoides para tratar su padecimiento es desesperada. Un claro ejemplo es el caso de Diego, un niño de 10 años que padece el síndrome de Lennox-Gastaut, que le provoca una espasticidad severa y requiere medicina alternativa para aliviar su dolor progresivo.
La madre del menor, Janeliy López, socia fundadora de la Asociación Mexicana para la Investigación del Cannabis (Amexicann), enfrenta desde hace seis años múltiples obstáculos en su lucha judicial, social y personal para obtener un tratamiento que alivie el malestar de Diego, aunque caiga en la ilegalidad.
En tanto, la Cofepris en la ‘4T’, para no variar y perder la costumbre, ha postergado e ignorado su pedido de liberar los permisos de importación de materia prima y que el niño pueda formular su preparado de moléculas de cannabis en México, así como que tenga supervisión médica.
Y es que, aunque la autoridad no lo cataloga como tal, Diego padece una enfermedad catastrófica, que lo lleva a consumir una mezcla de diferentes cannabinoides a la que no tiene acceso en el país. En 2021 mostró avances en el tratamiento de sus patologías, gracias al uso de estos derivados; sin embargo, dos años después las crisis se han agudizado.
“Diego está cada vez peor, los analgésicos ya no funcionan, no puedo conseguir parches de liberación de morfina porque también hay crisis de parches”, dijo su madre.
Ojo, en julio de 2021, Janeliy López ya había denunciado en este mismo espacio la falta de apertura y apoyo para poder abordar el uso terapéutico de la marihuana en menores de edad, así como el tema del autocultivo. Dos años después las cosas siguen paralizadas y la Cofepris elogiando la doctor muerte López-Gatell.
“Con Diego he tenido que recurrir a un mercado ilegal, ya que actualmente tiene más crisis de dolor por la espasticidad severa que maneja, porque es parte de su enfermedad lamentablemente, y he tenido que seguir recurriendo al mercado negro”, agregó la mujer.
Además, me dijo con mucha frustración que el trato de Diego se ha realizado con productos terminados de cannabis que ingresan al país como si fueran para uso personal, ya que los menores de edad están fuera de la legislación que permite el consumo.
“Estábamos trayendo un producto de Colombia a México que funcionó bastante bien durante un año; sin embargo, empezó a alterar las transaminasas en el hígado”, explicó.
Esta es otra de las consecuencias de la falta de regulación y permisos que impiden que un médico realice la farmacovigilancia y, por lo tanto, no se sabe por qué la medicación estaba afectando a Diego. Y hay que empezar de nuevo, desde cero.
Regulación en el limbo
La madre de Diego ha desafiado el sistema, ya que el THC y el CBD, dos moléculas populares derivadas del cannabis, siguen siendo ilegales en México sin un permiso de importación.
El autocultivo con fines terapéuticos en México no es una opción viable, por la falta de reformas legales y las restricciones para brindar medicamentos a menores de edad, aunado a la falta de procesos farmacéuticos validados que no pueden llevarse a cabo por la intransigencia de la ‘4T’.
De hecho, el código penal aún no ha sido reformado, por lo que el cannabis sigue siendo considerado un estupefaciente, que si se le da a un menor es motivo de proceso penal, es decir, para ir a la cárcel, por lo que para Janeliy sigue siendo una utopía.
Obviamente, Diego y su madre no son los únicos afectados por esta situación. Existe una creciente demanda en el mercado ilegal de medicamentos cannábicos, lo que pone en riesgo la trazabilidad y seguridad de estos productos, así como de los pacientes, que se ven expuestos a tratamientos de dudosa calidad y sin control sanitario.
La pandemia y el austericidio del gobierno de López Obrador, aplaudida por el doctor muerte López-Gatell, agravó aún más este problema, dejando en un plano inexistente a los pacientes que dependen de tratamientos específicos y la legislación está en trámite.
No es negligencia, es desesperación.
Si bien existe una reforma a la Ley General de Salud que te da derecho a realizar investigación y desarrollo de productos a base de cannabis, no existe un marco armonizado. Además, el Reglamento de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados fue puesto en marcha en 2021 y aún no está en funcionamiento.
Esto ha llevado a las empresas a refugiarse ante una autoridad que no solo no da los permisos, sino que es ignorante en sus respuestas, como ha comprobado la familia de Janeliy.
“Siempre hay trabas normativas, en cuanto a procesos, pero las empresas que me han apoyado brindándome sus instalaciones, su documentación y me llaman ‘Jane’, nos advierten o nos dicen que está mal llenar los formularios, y luego vuelves a comer hasta por ocho meses, porque aparte de eso la Cofepris no responde de inmediato, se demora mucho”, dice.
“Llevamos dos años con esto, seis meses después de empezar de nuevo el proceso, y no sé en qué estado estás, y mi hijo está cada vez peor. Para mí es más fácil meterme en un tema ilegal y seguir arriesgándome”, lamenta.
Mientras esto sucede, dada la demanda, siguen surgiendo mercados grises, especialmente a través de las redes sociales y la comercio electrónicoescapando a la regulación, pero también a los controles sanitarios.
Ante la falta de empatía legislativa, el tema del cannabis ha tenido que ser motivado desde la SCJN, a través de un amparo, porque si bien existe un reglamento, sigue inoperante mientras no existan secretarías que armonicen normas y reglamentos.
“Que la Cofepris empiece a hacer su trabajo y ya no nos meta en la carpeta de los pendientes olvidados, porque eso es lo que está haciendo con el cannabis. Los pacientes no tenemos que protegernos. No tenemos esa necesidad. Ni estar buscando opciones de importación. Nuestra única obligación es decir: ‘ocupamos esto o que nos digas cómo traerlo a México’. Pero ni una cosa ni la otra”.
En definitiva, está bastante claro que el mensaje para incentivar y entorpecer los procesos de autorización de derivados del cannabis viene del arrendatario del Palacio; eso sí, del Presidente, que ha expresado abiertamente su animosidad personal por todas las “drogas”, cuyo consumo le parece inmoral. Baste recordar cómo prefirió (sin pensarlo) “prohibir y buscar alternativas” al fentanilo médico, que dejaría con dolor a decenas de miles de pacientes.
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