Antonio Ocaranza Fernández, director general de Oca Reputación. @aocaranza
De todas las industrias, la minería es probablemente la más incomprendida. Nuestra vida diaria depende de la disponibilidad de metales para aplicaciones en el transporte, teléfonos celulares, utensilios de cocina, computadoras, quirófanos y equipos médicos, entre muchos otros usos. Es difícil encontrar el equivalente a un “vegano mineral”. Y sin embargo, es una actividad que es cuestionada y atacada por su impacto ambiental y rechazada por grupos sociales y organizaciones que consideran que tiene efectos nocivos para las comunidades donde se desarrolla.
En México, el presidente López Obrador ha estigmatizado a la minería más por razones políticas que sociales. Su ataque se ha centrado en criticar la entrega de concesiones mineras por parte de gobiernos neoliberales que, según él, se realizaron en circunstancias poco transparentes y que han entregado la mitad del territorio nacional a empresas, principalmente extranjeras. Además, acusa a algunos de ellos de no pagar los impuestos correctos o de utilizar las concesiones para la especulación y no para la extracción de minerales.
Paradójicamente, el gobierno reconoce el valor estratégico de la minería a tal grado que continuó operando durante la contingencia del COVID-19 y ahora ha comenzado a minar con la explotación de litio.
Como en otras partes del mundo, la minería en México necesita fortalecer su reputación, especialmente en materia de protección ambiental y responsabilidad social, aspectos que hoy se consideran esenciales para el progreso del negocio y del sector.
Este proceso depende de abordar cuatro elementos clave:
1.- Actitud del gobierno. Cuando las autoridades, significativamente el presidente, se vuelven críticos con la minería, las corrientes de opinión pública que ésta alimenta son difíciles de revertir. La consecuencia es doble: (a) envía una clarísima línea de rechazo a los funcionarios públicos que deben supervisarla y alentarla, y (b) abre un mayor margen de maniobra a los grupos sociales y organizaciones no gubernamentales que tradicionalmente se han opuesto a su actividad. . Por eso, acercarse al gobierno y a los líderes que puedan servir como interlocutores es clave para que la industria los haga conscientes de sus acciones y beneficios.
2.- Investigación. Para definir una estrategia segura, la minería debe realizar una investigación precisa sobre su posición: ¿Qué construye una buena reputación? ¿Se reconocen sus beneficios? ¿Qué es lo que te da crédito entre la población? ¿Qué acciones debe tomar y qué herramientas puede utilizar para involucrar a la sociedad? ¿Cómo enfocar las percepciones hacia el accionar de la minería actual? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Cómo aprovechar los testimonios y casos de éxito derivados de los programas sociales? En un entorno tan enrarecido, la investigación de las actitudes públicas nos permitiría trazar una ruta segura para tocar las sensibilidades correctas en las personas relevantes.
3.- Respuesta a asuntos críticos. Muchos de los temas que generan conflictividad en el sector minero están relacionados con seis aspectos esenciales: (a) el uso del agua, (b) la tenencia de la tierra, (c) los beneficios sociales, (d) las formas de participación de la comunidad, ( e) la concepción del desarrollo comunitario, y, (f) el respeto a las costumbres y tradiciones de la zona en que actúan. La calidad de las políticas e iniciativas que las empresas mineras diseñen para atender estos aspectos son vitales para poder operar sin obstáculos.
4. Comunicación. Las percepciones sobre la minería están estrechamente ligadas al tipo de información que reciben los grupos interesados en su actividad. El impacto de los medios o lo que comparten las comunidades es muy diferente al de los trabajadores y especialistas de la industria o quienes tienen la oportunidad de conocer el funcionamiento de las minas.
Independientemente de la actitud del gobierno de turno, si la minería quiere construir o fortalecer una reputación que le permita mejorar su respaldo social, necesita concentrar sus esfuerzos en cuatro áreas: los beneficios socioeconómicos que genera, las acciones que implementa para reducir el impacto de su actividad, la colaboración con autoridades y especialistas para continuar desarrollando esquemas de regulación y sostenibilidad, y la difusión de programas sociales y casos de éxito que hacen parte del sector minero.
Todos en México y el mundo necesitan una minería sustentable porque muchas industrias no tienen sustitutos para sus procesos. El efecto del escrutinio a la actividad minera que ha desencadenado el gobierno del presidente López Obrador tendrá un efecto de largo plazo y, si bien el cambio de gobierno en 2024 puede reducir la presión sobre la industria, no cambiará sustancialmente las actitudes de los colectivos de los que depende para continuar su funcionamiento sin trabas. Es importante reconocer que la minería es vital para México y para muchas poblaciones remotas donde es la única opción de desarrollo. La clave es que las acciones con impacto social y los beneficios de la minería sean más conocidos y apoyados por la sociedad, y que existan espacios de cooperación para reducir su impacto en el medio ambiente y las comunidades donde opera.
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