Con razón, quienes creemos en la democracia y el estado de derecho estamos alarmados por lo que se avecina hacia las elecciones de 2024.
No volveré sobre los repetidos intentos gubernamentales de debilitar al INE mediante el estrangulamiento presupuestario y la cruzada presidencial para desacreditarlo.
Señalo que con las nuevas leyes electorales -el llamado Plan B- se quiere infringir el mayor daño legislativo posible al INE y al Tribunal Electoral más allá de la supuesta y fallida reforma constitucional. Señalo sobre todo que en el entretanto yendo y viniendo de la Cámara de Diputados a los Senadores del Plan B, quizás el lector se perdió la aprobación de al menos dos reformas que le dan una amplia ventaja a las corcholatas o preprecandidatos. del partido en el Gobierno: Las leyes generales de Comunicación Social de las Responsabilidades Administrativas.
Estas nuevas leyes dan rienda suelta a las “entidades públicas” -es decir, a todos los integrantes de la administración pública federal y estatal- para hacer propaganda electoral y promocionarse.
Claro que no lo llaman propaganda electoral sino “campañas de comunicación social” o “propaganda de gobierno” pero todos sabemos que modificar estas leyes significa eliminar lo que Morena, cuando estaba en la oposición, consideraba competencia desleal para mantenerse en el poder.
Lo que se ha legalizado es que las corcholatas pueden pasearse por cualquier plaza pública en cualquier lugar y por cualquier motivo para presumir, “según sus datos”, logros de gobierno sin ser objeto de sanciones por responsabilidades administrativas o políticas. Para muestra un botón: Más allá del trágico, nuevo y enésimo “incidente” en el Metro, Sheinbaum dando una conferencia en Morelia sobre Políticas Gubernamentales Exitosas para elevar su reconocimiento y popularidad. Francamente, uno tiene derecho a preguntarse si es la jefa de Gobierno de la CDMX o ya delegó esa función a hacer campaña.
Las corcholatas, alentadas y avaladas por el Presidente, se vienen promocionando como aspirantes presidenciales desde el año pasado. Ni a uno ni a otro les importaba la ilegalidad, pero ahora pueden hacerlo legalmente, escondiéndose tras el derecho a la libertad de expresión y “el derecho de los ciudadanos a la información sobre el desempeño y la rendición de cuentas de las entidades públicas”. Pueden hacerlo por cualquier medio porque se redefinió la propaganda oficial como el “conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidos con cargo al presupuesto público,… o mediante la utilización de tiempos oficiales, por una entidad pública”. , con el objeto de difundir la obra, acciones o realizaciones relacionadas con sus fines”. Varias partes ya han anunciado su intención de interponer ante la Corte recursos de inconstitucionalidad por las modificaciones a estas dos leyes. Cómo serán las cosas que una corcholata ( Ebrard) ya denunció al equipo de otro (Sheinbaum) ante la FGR por delitos electorales; en particular por desvío de recursos públicos y posible coacción!
La reforma electoral integral conocida como Plan B -aquella que ha dicho Ernesto Núñez es desgarrar el INE- no pudo concluir su trámite legislativo pero lo más probable es que se apruebe apenas comience el período legislativo en febrero. Esto, a pesar de que la coordinadora de los morenistas en el Senado ha revelado en un documento que ese conjunto de leyes tenía al menos 21 vicios de inconstitucionalidad.
Si hay consistencia, tendríamos no solo al Secretario de Relaciones Exteriores sino también al líder de la facción parlamentaria morenista en el Senado, interponiendo uno o más recursos ante la Corte.
Los cambios en el modelo de comunicación política, el uso de recursos públicos para propaganda gubernamental con intenciones claramente partidistas y, de aprobarse, las leyes que desmantelan el INE, provocarán una avalancha de acciones de inconstitucionalidad y amparos ante la Corte.
Este debería decidir con bastante rapidez sobre la constitucionalidad de las leyes ya aprobadas y las que probablemente serán aprobadas. Mientras no sea así, las corcholatas y el oficialismo seguirán teniendo enormes ventajas electorales.
Sólo por eso, la Corte debe dejar atrás la costumbre de postergar meses y años sus decisiones sobre temas fundamentales para la gobernabilidad del país. Pero por si esto fuera poco, cabe señalar que en materia electoral existe un límite más: las leyes electorales deben publicarse 90 días antes de que comience el período electoral (septiembre de 2023). Esto significa que el marco legal electoral debe estar definido a más tardar el 31 de mayo. Estoy seguro que en estos nuevos tiempos, la Corte, como órgano colegiado, asumirá su gran responsabilidad.
María Amparo Casar es Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, docente y doctora por la Universidad de Cambridge. Es especialista en política mexicana y política comparada.
EL IMPARCIAL, ahora en su versión en web online, es el periódico líder al Noroeste de México y en Sonora, con una cobertura informativa oportuna y veraz en materia de noticias de actualidad y relevantes.