En la historia de los estados-nación, nunca ha habido uno tan endeudado como lo está hoy la Unión Americana. El interés que pagas cada año es superior al PIB de muchos países, incluido el nuestro.
Esto es así porque su gasto militar (el mayor del planeta) no ha dejado de crecer desde la Segunda Guerra Mundial; porque tiene una burocracia pesada y subsidios excesivos a las empresas ya la población. A cambio, los estadounidenses no quieren pagar más impuestos. Sancionan a los candidatos que lo propongan y, contradictoriamente, también a los que no aumenten sus derechos y servicios.
El gobierno ha tenido un déficit durante décadas y el Congreso eleva periódicamente el techo de la deuda para cubrirlo. El actual es de 31,4 billones de dólares (31,4 y 11 ceros).
Desde enero, el gobierno se ha quedado sin dinero y ha tenido que reasignar fondos para cumplir con los gastos presupuestados. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido que el próximo lunes habrá que suspender los pagos de nóminas y proveedores. En realidad, todavía tendrá un colchón durante unas seis semanas.
El llamado “cierre del gobierno” ha ocurrido antes. En 2013 duró 16 días y provocó la rebaja de la calificación del Tesoro y la caída de la bolsa.
Esta vez el riesgo es mayor. La economía mundial está debilitada por la recesión y la inflación. Los bonos que emite el Tesoro se colocan en empresas, gobiernos y bancos centrales de todo el mundo, de tal forma que cualquier crisis económica en nuestro vecino del norte tiene repercusiones globales.
juego politico
El problema ahora es la polarización. Se pronostica una recesión para finales de año, coincidiendo con el inicio de la campaña presidencial. En otros tiempos las partes buscarían coincidencias para evitarlo. En esta ocasión les es casi imposible cooperar porque unos quieren asegurarse la reelección del presidente y los otros arruinarla, parando sus programas estrella.
Ambas cámaras están divididas por la mitad y los dos partidos tienen corrientes de moderados y radicales irreconciliables.
Se anunció que el líder de la mayoría de la Cámara y el presidente Biden llegaron a un acuerdo. Acuerdan en principio elevar el techo de la deuda a 35 billones de dólares.
Sin embargo, la posición de Kevin McCarthy es muy débil. Los republicanos lo eligieron hasta la decimoquinta votación y en los cuatro meses que lleva en el cargo no ha podido consolidarse. Trabaja con el equipo que le fue impuesto y el segundo al mando de la facción (Steve Scalise) hace poco por ayudarlo porque quiere su trabajo.
El Freedom Caucus, que es mayoritario y simpatiza con Donald Trump, acusa a McCarthy de haberse rendido y no está de acuerdo en subir tanto el techo de la deuda. Quiere que el gobierno corte casi todo el apoyo a la energía limpia y renuncie a contratar a miles de inspectores fiscales. Presiona a los moderados de su partido, a los que llama Rinos (republicanos solo de nombre).
Dicen que el gobierno se burla de ellos porque lo que la administración acuerda recortar incluye los fondos no utilizados para combatir el covid y los destinados a financiar el programa de condonación de la deuda estudiantil, que la Corte Suprema va a declarar inconstitucional.
Por otro lado, el Caucus Progresista no agrupa a la mayoría de los demócratas, pero tiene votos clave en ciertas comisiones. Quieren subir los impuestos a los más ricos y no aceptan que la ayuda alimentaria se condicione a que los beneficiarios busquen activamente un trabajo.
Los demócratas moderados, por su parte, consideran que aumentar el déficit es un crimen contra las siguientes generaciones y creen que no hay un buen control del gasto. Critican a su Secretaría de Transporte porque se ha derrochado el fondo de infraestructura.
Lo previsible es que el acuerdo no pase fácilmente en la Comisión de Reglamento y difícilmente en el pleno. Incluso si logra avanzar, sería necesario que el Senado lo autorice sin cambios.
Parece que cerrará fatalmente el gobierno por un tiempo y el presidente Biden tendrá que hacer más concesiones. Los intransigentes de su partido sugieren emitir moneda, pero esa no es una opción con el nivel actual de inflación. Tampoco le convendría apelar a la Decimocuarta Enmienda (“La validez de la deuda pública de los Estados Unidos… no será cuestionada”) porque precipitaría una crisis constitucional.
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