CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el parón en la investigación del 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 por falta de avances, familiares de las víctimas señalaron este miércoles al Ejército como responsable de dicha situación.
De este modo, padres, madres y otros parientes realizaron una marcha este miércoles en la Ciudad de México en forma de protesta desde el Ángel de la Independencia hasta la Cámara de Benito Juárez, en el centro de la Ciudad de México.
al grito de “Se los llevaron vivos, los queremos vivos”Tristemente popular en un país que acumula más de 112.000 desaparecidos, los familiares de las víctimas acusaron la colusión entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas para pausar las investigaciones.
Las investigaciones están bloqueadas, llegamos a un momento en que las líneas van al Ejército y no dan la información que se ha solicitado, y ahí estamos metidos”, dijo Mario César González, padre de César Manuel González, uno de los 43 jóvenes que siguen desaparecidos.
González consideró que la opacidad de los militares está refrendada por el creciente poder que les ha otorgado el presidente mexicano, Andrés Manuel López ObradorPor ello, consideró que no era factible que brindaran la información necesaria para avanzar en las investigaciones y determinar su responsabilidad en el caso.
Es dificil. Lamentablemente (López Obrador) lo empoderó mucho, el Ejército. Pero no nos vamos a rendir, si no a continuar y hacer lo necesario para abrir estas líneas de investigación”, subrayó.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 desaparecidos, coincidió con el diagnóstico de que en el cuartel se encuentra la clave de gran parte de las pruebas exigidas por las víctimas.
Tendrían que aportar la información que tienen, el acervo probatorio que acumularon el día de los hechos (…). Pero ellos niegan su participación y se niegan a dar la información, en ese punto estamos estancados”, dijo a Efe el abogado, quien tampoco tiene esperanzas de que el Gobierno presione a los militares para que colaboren.
Rosales consideró contradictorio que las investigaciones se paralizaran luego de que, en agosto pasado, un informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotiznapa (Covaj) concluyen que la desaparición de los jóvenes fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles.
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