dom. Ago 2nd, 2026

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El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial del Perú una pena de 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, a quien acusa de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y por grave alteración de la tranquilidad pública.

El expresidente permanece en prisión desde el 7 de diciembre de 2022 luego de que intentara disolver el Congreso de su país que lo había destituido al considerarlo moralmente incapaz para ejercer el cargo tras acusaciones de corrupción.

En tanto, por el delito de rebelión, la Fiscalía de Perú solicitó 25 años de prisión contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, los ex ministros Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas, los policías nacionales del Perú Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez. .

Esta sentencia fue presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Se trata de un paso más en el proceso que desencadenó una de las crisis políticas más agudas en Perú, que ha transcurrido entre presidentes acusados ​​de corrupción en los últimos años, y que encumbró a Dina Boluarte como presidenta de esa nación.

Esta situación ha generado un distanciamiento entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Dina Boluarte, a quienes acusa de usurpar la presidencia de ese país.

La defensa de Pedro Castillo desde México

Desde el país, Andrés Manuel López Obrador inició una defensa en el continente de la inocencia de Pedro Castillo, quien asegura ha sido víctima de una clase política y empresarial en Perú que nunca estuvo de acuerdo con que un maestro indígena fuera presidente.

Este conflicto provocó una pausa en las relaciones diplomáticas entre ambos países, ya que Perú decidió romper los vínculos bilaterales, acusando al gobierno mexicano de injerencia en la política interna del país.

El presidente mexicano realizó una defensa entre varios países sudamericanos para presionar al gobierno de Boluarte y liberar a Pedro Castillo, cuya familia permanece en México en calidad de asilo político; sin embargo, esta estrategia no dio resultados.

López Obrador es actualmente persona non grata para el Perú.

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