40 hombres, en su mayoría centroamericanos, murieron en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez porque los agentes que los custodiaban los dejaron encerrados mientras el fuego de unos colchones en llamas desprendía humo que terminó por asfixiar a 38 de ellos. Los otros dos fallecieron días después.
El mismo miércoles que el Presidente minimizó la tragedia en Juárez, funcionarios estadounidenses se reunieron con sus pares mexicanos en la CDMX, para hablar del tráfico de fentanilo, la prioridad del gobierno de Biden, y no de migrantes. Ese mismo día, mientras el canciller se tomaba selfies por la llegada de Tesla a Nuevo León, el secretario de Gobernación se desmarcó de la tragedia y apuntó a Relaciones Exteriores por la política migratoria, mientras el jefe de Gobierno se reunía con alcaldes y él estaba hablando de la crisis del agua.
¿Por qué la vida de 43 estudiantes desaparecidos significó un quiebre para el gobierno de Peña Nieto? ¿Por qué el caso de la guardería ABC ha calado hasta ahora en la vida pública nacional? ¿Por qué ambos casos movilizaron a miles de personas a marchar para exigir justicia? ¿Por qué el caso Debanhi se destacó entre las desapariciones diarias de mujeres en México y también detonó movilizaciones? ¿Por qué la tragedia de Juárez no ha generado el nivel de indignación que los otros casos? ¿Por qué parece que nos preocupamos más por la vida de algunas personas que por la de otras?
La política de inmigración de México, como la política comercial y de seguridad, es estadounidense y no mexicana. La integración comercial con Estados Unidos y Canadá en 1994 fue una decisión soberana de México que implicó unir dos de las economías más complementarias, pero también una de las más desiguales del mundo. La asimetría de poder entre México y EUA no se ha cerrado desde entonces y en múltiples frentes México ha perdido soberanía al aceptar objetivos norteamericanos. La guerra contra las drogas es una imposición global de Estados Unidos a la que México y el resto de países productores de drogas han tenido que ceder. Mientras en California el mercado de la marihuana ya está regulado, en México el Ejército presume videos de destrucción de campos. Mientras que en Colorado la psilocibina ya está regulada, en México apenas tenemos un foro en el Senado para hablar de ello.
Lo mismo ocurre con la política de inmigración. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense se ha convertido en un imán para el mundo y las puertas se han abierto, como explica Aristide Zolberg en su libro “A Nation by Design”. Ronald Reagan intentó ordenar el abandono de la política de inmigración con una amnistía y nuevas reglas en 1986 y desde entonces el sistema no ha sido actualizado. En el año 2000, Jorge Castañeda y George W. Bush coincidieron en que era necesario poner orden en el flujo migratorio. México le propuso a EE.UU. un Nafta plus con libre flujo de personas. Bush había prometido una reforma migratoria a los votantes latinos. El panorama parecía alentador, pero los atentados del 11 de septiembre derribaron las Torres Gemelas y con ellas también el diálogo entre México y EE.UU. El terrorismo se apoderó de la agenda y la securitizó. Desde entonces, la política de inmigración se ha endurecido.
AMLO había ofrecido puertas abiertas y defensa del derecho humano a migrar, pero la realidad se impuso y cedió a Trump y Biden para convertir la política migratoria mexicana en una de contención y detención violatoria de los derechos humanos. Somos el muro que Trump quería construir.
Algo parece estar muy roto en México. La normalización de la violencia, la polarización, el bombardeo masivo de información y el olvido de muchos parecen habernos inoculado el dolor de los demás. Es urgente que el gobierno de AMLO ponga sobre la mesa la discusión con EE.UU. de la política migratoria. Los republicanos y los demócratas han estado en deuda con la reforma migratoria durante más de 20 años. En Juárez, el Estado mexicano falló a 40 personas. En Juárez #FueElEstado.
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