El Gobierno de México advirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, de anular en su totalidad el decreto con el que la Cámara de Diputados aprobó el ‘plan B’ de la Reforma Electoral, estaría sustituyendo al Congreso de la Unión y ser una violación de la Constitución.
La Oficina de Presidencia continúa con los reclamos ante la Corte luego de que se anunciara que el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá un proyecto para invalidar el llamado ‘plan B’ este lunes 8 de mayo, y esta vez dijo que “el fondo sobre la forma”, esto en el sentido de que “no debe restringir las facultades que la norma fundamental otorga al Poder Legislativo para regular el proceso de elaboración de las normas”.
La advertencia del Gobierno es que, de declararse inconstitucional la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, la Corte “violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre ellos”.
El proyecto de Pérez Dayán argumenta que se debe dejar sin efecto la reforma porque “no se cumplieron algunas formalidades del trámite legislativo”, situación que, según Presidencia, es falsa.
“También es inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, tal como se expresa en el proyecto de sentencia, toda vez que durante la aprobación de las leyes que integran el “plan B” en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió con los requisitos constitucionales , legal, reglamentaria, incluso, con el criterio de la propia SCJN”, explicó el Gobierno.
La Presidencia criticó a la Corte en dos aspectos:
- El primero es en relación a las demandas dictadas contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS), que rige desde 2018. El Gobierno acusa que la Corte maneja dos parámetros distintos: uno para las leyes “neoliberales”, que en cinco años no requirió dictar sentencia y otra distinta para las normas que legítimamente emite la soberanía popular en busca de la transformación que demanda el pueblo de México, en relación al ‘plan B’.
- La otra es que la Corte Suprema es un poder sin legitimidad popular, “no debe restringir las facultades que la norma fundamental otorga al Poder Legislativo para regular el proceso de elaboración de las normas, siempre que sean el resultado de la mayoría”. voluntad de los miembros del Congreso de la Unión.
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