Juárez y mediados del siglo XIX hasta en la sopa… hay que conocer la historia para ver de dónde venimos, para no volver a ella. Por lo demás, la lectura de la historia se asemeja a un acto religioso, el religare, el regreso a un paraíso perdido.
Bien se dice que la historia la escriben los vencedores y por eso hay que reescribirla en el tiempo para quitarle la epopeya y revelar los hechos, para que sean estos los que “hablen”.
También es cierto que los políticos ajustan los hechos históricos a su narrativa para apoyarse en ellos, tanto para dar fuerza a sus argumentos como para justificar su conducta o insultar a sus adversarios.
El relato histórico ha servido para crear la identidad nacional en México y muchos otros países. El valiente y leal Cuauhtémoc, la Virgen de Guadalupe, el cura Hidalgo, la Corregidora, Juárez el indígena liberal, Tata Cárdenas y episodios como el sitio de Cuautla, la batalla del 5 de mayo, la expropiación petrolera y tantos otros que se dibujaron en nuestras conciencias y tatuados en los mexicanos al grito de guerra!!!
Hoy nadie duda de que somos mexicanos, signifique lo que signifique, y que este país ocupa un lugar reconocible en la geografía mundial, entonces, ¿por qué la sistemática recurrencia al siglo XIX cuando han pasado casi doscientos años desde aquellos episodios? ¿Por qué se recrean, falsificándolos, para ajustarlos a nuestros tiempos y problemas?
No es la primera vez que la epopeya de Juárez es utilizada por el Estado mexicano como referente de unidad nacional y apoyo al discurso de gobierno. Durante el sexenio de Luis Echeverría, el país se llenó de estatuas, bustos y escenas pictóricas de los liberales juaristas, materializándose la ironía orwelliana.
Cincuenta años después, el juarismo vuelve a ser utilizado para proponer la elección de ministros por voto popular (*), magistrados, jueces, consejeros y comisarios de órganos autónomos, con lo que serían presa más fácil del entramado de intereses y no de los órganos técnicos de control que suelen ser.
Además, se utilizan las tácticas más grotescas para debilitar e inoperar el Poder Judicial y los órganos autónomos, desmembrarlos, amenazar con reducir su presupuesto y tratar de intimidarlos exponiéndolos al clamor popular y la amenaza de juzgarlos. . político.
Pese a todo, el diseño constitucional persiste y la SCJN hace honor a su responsabilidad y frena la primera parte del plan B. Las violaciones al procedimiento legislativo fueron tan crudas que ni siquiera el Pleno tuvo que entrar en el fondo del proyecto de reforma legal. La mayoría en el Congreso sin deliberar, es decir, sin saber lo que votaba, aprobó ciegamente, como un acto de fe y/o interés para congraciarse con quienes suponen decidirán la continuidad de su carrera política.
Como mencioné en una entrega anterior, parece que el Ejecutivo federal ni siquiera confía en sus correligionarios, les envía las cosas hechas para que sean aprobadas sin más.
Derivado de lo anterior, el mandatario recrudeció contra el Poder Judicial, subiendo el tono lleno de adjetivos sin contenido y enrareciendo aún más el polarizado ambiente. Lo previsible es que ese comportamiento continúe, pues el paquete de reformas legales que fueron aprobados al cierre de la sesión del Congreso de la Unión, llegarán a la Corte, una veintena de normas que tocan desde la ciencia y la tecnología hasta la minería.
Y para cerrar la semana, el Ejecutivo adopta la posición de provocador y desafía abiertamente a la autoridad electoral y transgrede la Constitución con la convocatoria abierta al voto, a pocos días de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, pone a prueba la estrategia de comunicación que pretende continuar para las elecciones del próximo año ya través de los hechos aplica su reforma a la Ley General de Comunicación derogada por la Corte.
En cuanto al plan B, el capítulo aún no está cerrado, no solo porque falta la segunda parte, la más delicada ya que se refiere sustantivamente a las reglas con las que se organizan las elecciones, sino porque la Corte tendría que explicitar cuál es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que entrará en vigencia el 2024, guía fundamental tanto para las autoridades electorales como para los partidos políticos, candidatos, y en general para la ciudadanía y sus organizaciones.
La cuestión no es menor, al derogarse las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, primera parte del plan B, no se ha explicitado hasta ahora -habrá que esperar a la publicación de la sentencia y su engrosamiento- que la norma es la que gobierna. Por ahora, hay quienes ya se han apresurado a asumir un vacío legal, qué problema, ¿cuáles serán las reglas? Sin reglas ciertas, claras y conocidas de antemano, la credibilidad de los resultados electorales estará en duda desde el mismo inicio de la organización de las elecciones.
¡Crea problemas donde no los había! Por si no tuviéramos suficiente, a partir de ahora sembraré la duda por si el resultado no me beneficia.
Al pie de la página: El liberalismo mexicano del siglo XIX distaba mucho del europeo, aquel que buscaba el equilibrio de poderes y por ende fortalecer el Legislativo y el Judicial. La nación estaba en proceso de construcción después de la guerra de independencia y para algunos la centralidad del Ejecutivo era una condición condición sine qua non
para ello. En mi opinión, aquí está una de las claves para entender el liderazgo personalista y autoritario del actual presidente en su idea de refundar la República. Por cierto, no es correcto afirmar que la Constitución de 1857 postuló la elección de los ministros de la Corte Suprema por la vía del voto popular directo, pero esa es otra discusión.
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