CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha interpuesto una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicho decreto declara como proyectos de seguridad nacional y de interés público la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras obras. El INAI ha solicitado que se apliquen los efectos de la sentencia de controversia 217/2021 al decreto recién publicado.
Señalan que dicho decreto viola la suspensión que fue otorgada por la SCJN:
La polémica surgió porque el INAI alega que la publicación de dicho decreto viola la suspensión que les otorgó la SCJN en la controversia constitucional 217/2021. Esta controversia se presentó en diciembre de 2021 para impugnar un Acuerdo emitido ese mismo año por el Presidente de la República, que declaró como proyectos de seguridad nacional los diferentes proyectos y obras de infraestructura del Gobierno Federal.
Dado que la suspensión otorgada por la SCJN sigue vigente ya que esta controversia constitucional no ha sido resuelta en su totalidad, el INAI argumenta que el decreto emitido por el presidente López Obrador está en los mismos términos que el polémico de diciembre y, por tanto, estaría violando la suspensión otorgada por la SCJN.
Declaran que ya habían determinado la nulidad al reservar información:
La SCJN determinó la nulidad del Acuerdo emitido por el presidente en noviembre de 2021, ya que su ejecución implicaría una restricción al derecho a saber, al reservar los datos derivados de estos proyectos y obras como información de seguridad nacional e interés público. El INAI teme que, de aplicarse el decreto, también impedir el acceso a dicha información.
Es importante resaltar que la Sala Plena no dictó los efectos de la sentencia en su totalidad, por lo que el caso no se encuentra cerrado. El INAI asegura que los efectos de la suspensión emitida por la SCJN no han cesado y, por lo tanto, el decreto es considerado por ellos como una posible restricción al acceso a la información relacionada con dichas obras y proyectos.
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