Mienten escandalosamente y con cinismo.
El Secretario de Gobernación, el Presidente de la República, los legisladores de Morena.
Su iniciativa de reformar las leyes secundarias en materia electoral (Plan B) no cumple con ninguna de las afirmaciones que hacen:
No reduce la burocracia y la duplicación de funciones.
No reduce significativamente el gasto.
No fortalece la democracia.
Todo es mentira, una falsedad insultante para debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), entorpecer la celebración de elecciones libres, profesionales, transparentes y, finalmente, controlar al árbitro electoral.
Sin contemplar los futuros recursos judiciales de inconstitucionalidad que interpongan organizaciones, partidos, legisladores o ciudadanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de aprobarse esta ley como está, representa un grave retroceso democrático.
Las consecuencias se pueden anticipar en materia electoral, pero aún no hemos visto nada del impacto que esto podría tener en la reputación de México en el mundo, en la credibilidad financiera y en la inversión extranjera directa (IED).
El debilitamiento de la democracia mexicana puede tener un efecto grave en múltiples esferas: en las relaciones internacionales, en las relaciones binacionales con México y Estados Unidos, en la respetabilidad institucional. Un país que destruye lo construido sobre derechos y avances democráticos no es bien visto en el mundo.
La iniciativa propone cancelar el 84 por ciento de los cargos que hoy integran el servicio civil de carrera, es decir, los profesionales del INE que realizan todos los procesos electorales. Las personas que instalan colegios electorales, urnas, capacitan a funcionarios ciudadanos, aíslan auditores, presidentes y funcionarios electorales. Es decir, el andamiaje de la democracia electoral mexicana.
Para los que no tienen memoria, México tuvo elecciones durante más de 50 años (1940-1997) en las que todos sabíamos de antemano quién era el ganador. El sistema de partido-gobierno que dominaba todos los sectores de la vida política del país, incluidas las elecciones, designaba a los ganadores de todas las elecciones en todo el territorio.
Ir a elecciones competitivas, auscultadas, transparentes, contadas es un fenómeno relativamente reciente: los últimos 25 años.
Y eso se debe al IFE primero, y al INE después.
Debilitar el instituto, disminuir sus funciones, reducir su personal y presupuesto es un torpedo a la línea de flotación de todo el sistema democrático mexicano.
Sin personal calificado, ¿quién conducirá las elecciones? ¿Quién capacitará a los trabajadores electorales y garantizará la limpieza del proceso? ¿Los servidores de la nación al servicio de Morena y AMLO? ¿Usted cree que esos “servidores públicos” que realizan labores de proselitismo electoral partidista pagados con nuestros impuestos del gobierno federal y local actuarían con neutralidad?
Miente López Obrador cuando afirma que todo este intento sólo tiene como objetivo “mejorar la calidad democrática”, “prevenir el fraude” -por cierto, inexistente ya que el INE es el responsable de los procesos-. Miente cuando dice que tendremos una democracia más barata, sin excesos ni salarios altos.
Su secuaz Adán Augusto radica en su activa campaña en redes, en sus visitas amenazantes al Senado y a la Cámara de Diputados, para quebrantar voluntades y presionar para que se cumpla el capricho presidencial.
Como ya sucedió en Pemex o en múltiples secretarías de Estado con la llegada de la 4T, miles de trabajadores y personas con largo servicio público, perderían el derecho a sus pensiones de jubilación y cobertura médica por antigüedad.
La pérdida de eficiencia y eficacia en los procesos electorales coloca a los ciudadanos mexicanos a merced de una fuerza política dominante, como lo ha sido el PRI durante décadas. Morena y AMLO han avanzado en su estrategia de tomar el control de múltiples organizaciones, instituciones y mecanismos de la construcción democrática en México.
Contrapesos construidos a lo largo de dos décadas para brindar equilibrios ciudadanos a los poderes institucionales, y también a los fácticos.
Eliminar la secretaría que organiza las elecciones, los órganos internos de consulta, capacitación y litigio electoral, sólo la convierte en un instrumento al servicio del gobierno, del partido y del presidente. El INE no desaparece, pero se convierte en una sombra operativa incapaz de garantizar la transparencia y el equilibrio en la contienda electoral.
López Obrador “no es de izquierda, no es liberal ni mucho menos demócrata” (Roger Bartra —La Silla Roja— julio de 2021) frase inequívoca del intelectual mexicano que hoy alcanza trascendente relevancia.
No puede ser un demócrata el que atente contra la democracia; no puede ser un demócrata quien reste derechos y garantías al voto ciudadano; No puede ser un demócrata el que jode la democracia —sin razón ni motivo— para reducir las condiciones de igualdad de condiciones y competencia confiable.
Va a dominar el partido en el poder (Morena) para quedarse por muchos, muchos años.
A la mierda la democracia, bajo la engañosa bandera de fortalecerla, defenderla y blindarla.
Un verdadero engaño del hombre que gobierna este país.
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