En Inglaterra, en los siglos XII y XIII, los monarcas usaban la ley para su conveniencia política. Se obligaba a los disidentes a confesar, mediante tortura, crímenes inventados. Los despojaron arbitrariamente de sus bienes, los encarcelaron y, de ser necesario, los decapitaron.
Tanto abuso llevó a los barones a la revuelta. En 1215 el rey Juan tuvo que aceptar la Carta Magna. Allí se estableció que todos, incluido el rey, deben estar sujetos a la ley. Y la ley tenía que garantizar que nadie podía ser privado de sus libertades sin seguir un proceso estrictamente reglamentado.
Ocho siglos después, la justicia no ha dejado de estar al servicio de los poderosos y el debido proceso se aplica de manera intermitente.
En sus películas y series de televisión, Hollywood nos ha presentado ante los jueces estadounidenses como un modelo de integridad e imparcialidad. Desafortunadamente, es una versión demasiado edulcorada de la realidad.
En particular, la politización de los jueces es un fenómeno que se agrava. Tiene que ver con la forma en que se designan.
Los 1.700 jueces federales, incluidos los de la Corte Suprema, son nominados por el presidente y confirmados por el Congreso. Es una fórmula acertada porque además del doble escrutinio, evita que el Ejecutivo ponga partidarios incondicionales.
El problema es que, en periodos de alta polarización, como los actuales, la aparición de los nominados en el Capitolio se convierte en un espectáculo de linchamiento político. Terminan nombrando jueces exageradamente liberales o extremadamente conservadores. En consecuencia, su desempeño se vuelve polémico, con mucha presión para perder objetividad.
Estamos viendo los resultados de la sobrepolitización en los diversos procesos que sigue Donald Trump. Como sus faltas son muy claras, no es necesario aderezarlas con otras acusaciones sin sustento ni viabilidad. Al final, cualquier veredicto será controvertido. Procesos que demostrarían que nadie, ni siquiera un expresidente, está por encima de la ley, acabaría con la sospecha de que la ley se utiliza como arma política.
jueces grillos
La situación es peor con los 30 mil jueces en los estados, condados y municipios. Cada estado tiene su propia Corte Suprema, tribunales de apelación (civil y penal) y jueces ordinarios.
En cinco estados (como California y Massachusetts) el gobernador designa libremente a los jueces. Es raro que seleccionen en función del mérito y, a menudo, utilizan ese poder para pagar favores políticos. En dos estados (Carolina del Sur y Virginia) el Congreso local nombra. Eso permite que los legisladores veteranos se conviertan en jueces.
En 21 estados (como Colorado y Florida) el gobernador elige de una lista que le presenta una comisión especial. En teoría, esto asegura la selección de los mejores. En la práctica, muchas de estas comisiones están integradas por personas cercanas al gobernador. En otros casos, están controlados por el colegio de abogados del estado, que a su vez tiene una mayoría de querellantes, por lo que nunca llegan los litigantes de la defensa.
En 22 estados (como Wisconsin y Alabama), los jueces son producto de una elección popular. Se considera importante dar voz a los ciudadanos.
Sin embargo, obliga a los candidatos a comprometer su independencia para obtener contribuciones de campaña y apoyos políticos. Los grupos de interés logran tener jueces “mimados”. Como también existe la posibilidad de ser reelegidos, están permanentemente distraídos. Las opiniones judiciales de los jueces electos son de menor calidad que las escritas por los jueces designados.
El ascenso de la estructura judicial también está politizado. Mientras que en algunos casos la escalera (antigüedad) se sigue estrictamente y muchos abogados brillantes se asustan; en otros es el presidente de la Suprema Corte de Justicia del Estado quien decide los ascensos, por lo que se forman camarillas herméticas.
La politización tiene efectos graves en las sentencias. Es sabido que, en muchos casos, la severidad o indulgencia de los jueces está determinada por sus afinidades políticas. El racismo es muy evidente. Los negros son encarcelados con más frecuencia que los blancos y reciben sentencias más largas.
Como los jueces también tienen amplia discreción para imponer multas o fianzas y los honorarios de los litigantes son muy altos, las cárceles están llenas de gente inocente que no puede pagar un abogado o gente pobre que comete delitos menores.
La politización deslegitima a los jueces. Por eso hay voces que quieren quitarle las facultades a la Corte Suprema. Sería desastroso.
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