
A un año de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador es derrotado políticamente. Él nunca lo dirá, y puede que ni siquiera lo procese de esa manera, pero lo es. Sus mañanas se han convertido en un electrocardiograma de sus frustraciones e impotencias, que busca compensar u ocultar con ataques a sus antecesores, pero cada vez con menos fuerza, porque la credibilidad de su discurso se va debilitando. . Al fin y al cabo, ¿cómo puede seguir mirando por el retrovisor cuando lleva poco más de cuatro años y medio en el gobierno? Las mentiras del presidente López Obrador siguen siendo reproducidas por sus parlantes, pero los datos y su contexto cuentan otra historia, la que ajustará cuentas con él cuando deje el poder. Por ejemplo, en términos de seguridad.
López Obrador no aguantó más la presión de los medios que han registrado la debacle de su estrategia de seguridad, y reconoció que, en lo que va de sexenio, el número de homicidios dolosos ha superado el total que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña tenía. Nieto en seis años, pero dijo, a modo de justificación, que fue fruto de una “mala herencia”. Tiene razón, pero lavarse las manos así es una irresponsabilidad. El legado del gobierno de Peña Nieto fue trágico, con el número de delitos al alza, derivado de una política que copió López Obrador, de no enfrentar a los cárteles de la droga porque, argumentaban ambos, la violencia generaba más violencia.
Peña Nieto prestó atención al análisis desinformado e inepto de asesores externos, quienes argumentaron que detener la lucha contra los delincuentes reduciría la violencia que, según alegaban, había lanzado Calderón a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. A Peña Nieto le faltó un buen diagnóstico, pero fue más grave la ceguera de López Obrador, quien no vio lo que hizo su antecesor y quien, de manera superficial y absolutamente banal, a través de su primer secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, afirmó que la ola de violencia cesaría en seis meses, y que a partir de 2019 habría un punto de inflexión.
Ese punto nunca llegó. López Obrador, para seguir actuando como avestruz, dijo que la escalada de asesinatos venía del pasado. Para sustentar su afirmación, difundió un gráfico “Comparativo de Homicidios 1990-2023”, que, si se lee en contexto, explica muy bien la espiral de violencia, iniciada en diciembre de 2006, con la llegada a la Presidencia de Calderón, quien a diferencia de El gobierno de Vicente Fox, a pedido del entonces gobernador de Michoacán, el perredista y ahora morenista Lázaro Cárdenas, inició la guerra contra el narcotráfico.
Hasta entonces, los sucesivos gobiernos mexicanos habían manejado el narcotráfico golpeando a uno o dos cárteles durante seis años, a cambio de no llenar de sangre las calles. Esa lógica comenzó a resquebrajarse en 1996, cuando los cárteles colombianos comenzaron a pagar en especie el traslado de la cocaína a Estados Unidos, creando así mercados internos para su consumo, mientras el entonces jefe de la cártel de JuárezAmado Carrillo, el narcotraficante más poderoso de su época, fundó el sistema de lugares y cupos delictivos para el tránsito de drogas.
Cuando el llamado muere Señor de los Cielos, en 1997 surgieron fuertes liderazgos criminales que comenzaron a pelear entre sí, y su calidad de fuego aumentó significativamente a partir de 1994, cuando expiró sin renovación la prohibición de venta de armas de asalto por parte del presidente George W. Bush. El control de territorios y control de plazas convirtió a Michoacán y Guerrero en las principales zonas de guerra del narcotráfico, lo que provocó la preocupación de Estados Unidos, y una reunión entre el jefe de la DEA y el presidente electo Calderón, García Luna y Eduardo Medina Mora, quien iba a ser fiscal general de ese gobierno, y quien organizó la reunión en Cuernavaca, donde presentó el diagnóstico de Washington.
La estrategia desarrollada por García Luna fue combatir a todos los cárteles por igual, lo que había tenido éxito en Colombia y Estados Unidos, cuya mecánica se asemejaba a una carrera contra el crimen organizado, y la rapidez con que podían atajarlos y desmantelar su operación. frente a frente la velocidad con la que podían reclutar nuevos cuadros. La estrategia tuvo una externalidad por la ambición de los gobiernos municipales que, en lugar de fortalecer sus policías para combatir las bandas surgidas de la atomización de las organizaciones criminales, utilizaron los recursos para obras públicas. Sin embargo, hay un verdadero punto de inflexión.
En la gráfica que mostró López Obrador, ese punto corresponde a mayo de 2011, mes en que el gobierno de Calderón revirtió la tendencia de los homicidios dolosos. La inercia de esa caída ayudó al gobierno de Peña Nieto, a pesar de que dejó de combatirlos y favoreció la creación de grupos paramilitares en Michoacán, las autodefensas, algunas de las cuales fueron manipuladas por los cártel de sinaloa para liquidar La la Familia Michoacana. El gráfico muestra el éxito de la estrategia de Calderón, dilapidada por Peña Nieto por su política de abrazos, no de balas, que sumado a la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, en 2016, la violencia comenzó a escalar descontroladamente.
Peña Nieto corrigió su estrategia, pero ya era demasiado tarde. La herencia maldita que recibió del gobierno de Peña Nieto fue un total de 36.685 homicidios dolosos. Sin embargo, todo empeoró. El peor año en homicidios dolosos es 2020, con un total de 36.685, aunque se ha comprobado que hay manipulación de datos, habiéndose reclasificado los homicidios dolosos para evitar, precisamente, que las cifras muestren la realidad del fenómeno, más grave. que lo esperado. que se reconoce.
López Obrador politizó la seguridad para golpear a sus antecesores, y la realidad lo ha vencido. Las mentiras y la tergiversación de la realidad terminarán por revertirla. Su manejo ha sido terrible contra Calderón, y contra el más malo de todos, fue peor.
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