LAREDO, Texas – Han pasado dos años desde que la tormenta invernal Uri llevó a gran parte de Texas al borde del colapso con su intensidad y provocó que la red eléctrica del estado fallara durante días. Para evitar que el público se quede sin energía ante tal fenómeno, se han promulgado una serie de cambios legislativos, incluidos algunos apoyados por el gobernador Greg Abbott.
“La conclusión es que se hizo todo lo que había que hacer para arreglar la red eléctrica en Texas”, dijo el gobernador en 2021, después de las modificaciones realizadas, sin saber lo que le esperaba.
En marzo de 2021, luego de que los usuarios recibieran recibos de hasta $16.000 en sus casas por no tener contratos de luz, Abbott lo resolvió dando una política de “chequera abierta” para cobrar “lo que fuera necesario”, los usuarios siguen pagando tarifas altas y en ciudades como San Antonio, solo hay una tarifa y una empresa proveedora, no hay opción.
Si bien no se ha presentado un fenómeno meteorológico similar al de febrero de 2021, ERCOT ha enfrentado diversos escenarios meteorológicos que han puesto a prueba la red eléctrica del estado y dejó en claro que aún no está preparada para responder ante situaciones adversas de similar magnitud.
Mientras tanto, la recientemente renovada Comisión de Servicios Públicos -PUC- se ha centrado en elaborar una revisión drástica del mercado de electricidad del estado de Lone Star para garantizar que la red pueda satisfacer la creciente demanda. El enfoque de este rediseño es cómo incentivar a los generadores para que construyan nuevas centrales eléctricas de gas natural, dejando de lado las preguntas sobre cómo reducir la demanda de los consumidores.
El proceso llegó a su fin en enero, cuando la Comisión aprobó por unanimidad el Mecanismo de Crédito por Desempeño -PCM-, a través del cual efectivamente entregaría préstamos lucrativos a generadores de energía, como los gigantes Vistra y NRG, que pueden proporcionar electricidad durante períodos de alta demanda. Los minoristas de electricidad, las empresas de servicios públicos de las que cobran sus facturas, en última instancia pagarían esos créditos y, naturalmente, pasarían el costo a los consumidores cotidianos.
La propuesta ha recibido decenas de negativas de muchos actores. El propio consultor de energía de la PUC desaconsejó la política porque “implica un riesgo significativo debido a su novedad”, al igual que el monitor independiente de ERCOT. Grandes grupos empresariales como Texas Manufacturers y la Asociación de Petróleo y Gas se pronunciaron en contra, argumentando que aumentaría las facturas de energía.
Se estima que la política costará a los clientes de electricidad al menos $ 400 millones al año, mientras que muchos expertos cuestionan si realmente será útil para impulsar nuevas plantas de energía.
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