La izquierda democrática en América Latina, no la populista ni la dictatorial, ha tenido una posición clara en los casos de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, y Pedro Castillo, ahora expresidente de Perú.
El presidente López Obrador, que no preside un gobierno de izquierda, nunca fue miembro de él, en todo caso estuvo en la izquierda del nacionalismo revolucionario del viejo PRI, se sumó a la posición de la izquierda populista y dictatorial.
La vicepresidenta, el pasado 6 de diciembre, fue declarada culpable de una serie de delitos de corrupción durante su gestión como presidenta de Argentina.
Esto según un juzgado de primera instancia, con lo que ahora vendrá un proceso de apelación de su parte, lo que significa que la cuestión de fondo no está resuelta en el corto o mediano plazo.
Por ahora, queda en suspenso cómo terminará el caso y si podrá o no inscribirse para las elecciones presidenciales de 2023, para las que faltan siete meses.
Ahora se ha dedicado a politizar al máximo la sentencia del tribunal al que acusa de ser un “pelotón de fusilamiento” y victimizarse como perseguida política.
En Argentina, su fama de corrupta, la de su esposo, el presidente Néstor Kirchner, ya fallecido, y su hijo mayor, es conocida y comentada por todos, incluidos los peronistas.
Las encuestas dicen que el 70% de los argentinos cree en su culpabilidad en las causas de la corrupción. Se celebra que haya sido juzgada y declarada culpable. Ahora su nivel de aceptación está por los suelos.
El 7 de diciembre, el presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó dar un autogolpe, para evitar una moción de censura en el Congreso.
Desde Palacio Nacional decretó un gobierno de emergencia, la abolición del Congreso, la reestructuración del Poder Judicial y convocó a elecciones para elegir un nuevo Congreso y redactar una nueva Constitución.
La reacción no se hizo esperar en defensa de la Constitución, el Congreso se negó a disolverse, la vicepresidenta y su partido condenaron su decisión, que calificaron de “golpe de Estado”, renunciaron varios ministros y el comandante del Ejército, para no avalar la decisión presidencial.
Inmediatamente la vicepresidenta, Dina Boluarte, fue juramentada como Presidenta y se restableció la legalidad. Es la primera mujer en asumir un cargo en la historia del país. Con este caso es la tercera vez en cuatro años que la presidencia de Perú se decide por sustitución, lo que habla de la crisis política que vive el país desde hace años.
El Fiscal General del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia contra Castillo por sedición, abuso de autoridad y alteración grave de la paz pública.
Y la Fiscalía Nacional inició investigaciones por la presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado en la modalidad de rebelión. También se le acusa de conspiración contra el Estado.
La caída de Castillo, tras un gobierno nefasto, se cantaba desde hacía meses. Lo sujetaron con alfileres. Desde el inicio de su gestión perdió el apoyo de fuerzas similares que lo llevaron al poder y se atrincheró solo, superando dos mociones previas de vacancia del Congreso.
Rubén Aguilar es doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Iberoamericana. En Internet: www.miscuadernos.com.mx
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