Los abogados del expresidente agudizan su artillería de batalla contra la justicia estadounidense. El eje es demostrar que el entonces presidente Trump gozaba de inmunidad jurídica –constitucional, de hecho– “para tomar decisiones y ejercer funciones oficiales en su calidad de presidente”.
Bajo este ambiguo argumento, su equipo legal pretende apoyarse en la inmunidad de su cargo, al asegurar que llamar a su entonces vicepresidente –Mike Pence– y a los legisladores a revisar el proceso electoral de 2020 y actuar en defensa de los intereses de el pueblo estadounidense, debía ejercer sus funciones presidenciales y llevar a cabo “actos oficiales” de gobierno.
Lo que realmente quería y exigía a Pence y a muchos legisladores republicanos era rechazar los resultados electorales e ignorar la victoria de Joe Biden.
La línea es delgada, pero la estrategia es incisiva y podría resultar efectiva ante el Tribunal Supremo.
Los abogados afirman que Trump actuó conforme a derecho al exigir que se rechazaran los resultados electorales del estado de Georgia -donde está abierto un juicio por intento de manipulación electoral- y que estaba dentro de sus deberes “defender los intereses del Gente americana.”
Es, de hecho, un truco legal, porque lo que realmente quería era que se cancelaran las actas, se rechazaran los votos demócratas y “aparecieran”, como por arte de magia, 3.000 votos a su favor que le hubiera dado la victoria. En este estado.
Queda registrado en llamadas telefónicas con su voz desde la Casa Blanca al secretario de gobierno de Georgia, quien tuvo el cuidado de grabar la conversación, la presión presidencial creíble para distorsionar los resultados electorales de ese estado.
Entre otras estrategias, también está desestimar los casos porque afirman que ya estaban incluidos en una de las demandas por violación de fuero –el proceso de destitución– a la que fue sometido por el Senado. Argumento débil e inexacto, ya que los procesos fueron previos a las elecciones.
Un elemento legal adicional está en la decisión del estado de Colorado de impedir que Trump aparezca en las boletas electorales, al considerarlo inelegible bajo las múltiples acusaciones legales en su contra.
Aquí hay un elemento constitucional –los estados de defensa de Trump– que impide a los estados de la Unión asumir posiciones jurídicas que impidan decisiones o actos del gobierno federal. Es decir, se les impediría bloquear el nombre de Donald Trump en las papeletas de las elecciones federales de noviembre, precisamente porque se trata del gobierno federal.
Son apenas los primeros días de enero y la Corte Suprema tiene múltiples y abultados expedientes para deliberar sobre Trump.
La clave estará en su batalla por la inmunidad, alegando que lo que hizo durante noviembre y diciembre de 2020, y finalmente su participación -aún por demostrar- en los desastrosos ataques al Capitolio en enero de 2021, estaba amparado por la inmunidad presidencial.
Ahí es donde se centra hoy la estrategia de los abogados.
La cuestión del calendario electoral ha pasado a un segundo plano, aunque todavía no descartada. Aplazar los juicios hasta después de las elecciones era la posición anterior, basada en su hipotética victoria en las elecciones de este año, lo que le otorgaría nuevamente inmunidad y también el poderosísimo poder de concederse “autoindulto”.
Sus exigencias de aplazar los juicios siguen vigentes, pero ahora los abogados apuestan principalmente por la inmunidad en el ejercicio de su cargo.
Recordemos que Trump nombró a tres jueces de la Corte Suprema, rompiendo con todas las tradiciones democráticas en Estados Unidos y, además, rompiendo también el equilibrio entre liberales y conservadores.
Su equipo de defensa confía en que los ministros designados por Trump como presidente votarían a favor de cualquier resolución que lo libere de cualquier culpa o responsabilidad.
Expertos judiciales en Estados Unidos afirman que será una batalla épica por la defensa de la Constitución y los poderes presidenciales, los excesos de poder y el flagrante golpe de Estado “suave” que el propio Trump intentó para descarrilar el proceso de validación electoral, en favor de Joe Biden.
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