La justicia en México es un desastre.
Con algo de humor negro, mas de uno podria decir, y que mas eso que depende del gobierno no lo es?
No tiene nada de gracioso lo que estamos viviendo, porque el país vuela hacia la ingobernabilidad.
Hace dos años, los narcotraficantes tenían el control de entre 30 y 35 por ciento del territorio mexicano, informó el jefe del Comando Norte de EE.UU., general Glen VanHerck, en una conferencia de prensa realizada en el Pentágono.
Ahora la situación es peor.
El corredor industrial que va desde Querétaro, Irapuato, Apaseo y Celaya, es rehén de grupos criminales que allí secuestran, matan y cobran derecho a trabajar.
El corredor turístico Cancún-Tulum, joya del Caribe mexicano, es botín para los cárteles que cobran por trabajar, producir y vivir.
Y no es que falte capacidad en el Ejército, la Armada y las áreas de seguridad pública federal. Fue una decisión política, desde el inicio del sexenio, no tocar a los delincuentes.
La desastrosa quimera de que los abrazos solucionarían el problema se ha convertido en una pesadilla.
El gobierno les dio la mano y se tomaron del codo.
Fueron hechos por sus compadres. Jugaron con fuego.
Ahora, ¿cómo vamos a deshacernos de ellos? ¿Cómo separar la paja del trigo?
Cualquier persona con uso de razón sabe que recibir un favor del narcotraficante implica un compromiso. Lo cobran o lo cobran a su manera.
Hace un año el abogado retaco Guzmán dijo que cada vez que el Presidente fuera a Sinaloa tendría la debida protección de ese grupo, para que no le pase nada.
Ahora que razones de índole internacional hacían ineludible la recaptura de uno de los hijos del capo, el letrado salió a cobrar, en un mensaje que el buen entendimiento sabrá descifrar.
En el norte de Veracruz, en los municipios indígenas, la gente debe pagar por la cosecha y venta de hojas de maíz. Setenta mil pesos por cosecha y mil 500 pesos por cada tonelada vendida.
Productores de aguacate en Michoacán deben pagar impuestos a narcotraficantes, o crimen organizado.
Los grupos ya se dedican a todo tipo de delitos, no solo al tráfico y venta de drogas.
A los vecinos del norte se les envía fentanilo, opio y cocaína.
Las empresas en México pagan por el ejercicio de su actividad.
Ponen cuotas a los transportistas.
Ejecutivos, en vastas zonas del país, son levantados o agredidos.
A los trabajadores también, para quitarles la quincena o pagar un impuesto fijo a los grupos delictivos.
En Acapulco, una vendedora de agua dulce fue asesinada porque se negó a pagar los 25.000 pesos de impuestos que le cobraban los delincuentes.
Hemos visto a los grandes cárteles sacar sus camiones cargados de juguetes para repartir regalos el Día de Reyes.
Y niños con rifles de juguete que fingen hacer retenes en la carretera para cobrar las cuotas de los que pasan.
Las autoridades federales y estatales dan el ejemplo en la violación de la ley y envían señales de que el crimen y la barbarie están permitidos. No les importa
Mandan a la Guardia Nacional a cuidar el Metro, a rescatar una candidatura presidencial que se está filtrando.
La gobernadora de Guerrero acude a fiestas con su padre mientras periodistas siguen secuestrados, y difunden videos de ellos encadenados por hablar del narcotráfico en la entidad.
Nuestro Presidente sigue en el disparate de la tapasy que si la oposicion, y que claudio x y los conservadores.
La justicia no está al servicio de la ciudadanía, sino de la política. Del pequeño grupo hegemónico en el gobierno, y de sus compadres, digo.
La Fiscalía de la Ciudad de México, por la complicidad de este grupo hegemónico, inició una investigación internacional contra la exnuera del contratista favorito de Morena, José María Riobóo.
La acusan de matar al hijo del contratista, por haberlo inducido a malos hábitos alimenticios durante ocho años.
Algo similar sucedió con la expareja del hermano del Fiscal General de la República, cuya hija (70 años) pasó casi dos años en la cárcel, en prisión preventiva, y su madre (94 años) tenía orden de aprehensión. Falta de cuidado era el cargo.
La esposa de Riobóo, la ministra de la Corte Suprema, Yasmín Esquivel, plagió su tesis de licenciatura y sigue ejerciendo como máxima corte constitucional del país.
La fiscalía de la Ciudad de México elaboró un documento que exoneró a Esquivel y acusó al secuestrador; es decir, a la víctima.
¿Quién va a respetar la ley en México con ese trasfondo?
El desastre de la justicia en la presente administración trae consecuencias. Habrá que pagarlo con sangre, o con la ingobernabilidad.
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