
Analista político
Que los ciudadanos no anticipen las consecuencias de su voto es algo que naturalmente podemos dar por sentado, dado que la gran mayoría de los electores no emiten un voto razonado sino emocional, con una visión coyuntural o sobre acontecimientos del pasado reciente, enmarcados por la propaganda en el proceso electoral a los intereses de los actores y partidos políticos participantes. No hay, por tanto, de manera amplia en el elector un reflejo a medio o largo plazo de su comportamiento frente a la papeleta y a las urnas, de modo que si se equivoca al ver los resultados de sus acciones en el ejercicio del derecho gobernador o representante electo Ahora como funcionario público sólo le queda la autocrítica o señalar que se equivocó.
Pero si este comportamiento electoral se produce masivamente el día de las elecciones y los resultados son absolutamente negativos por parte de los ya elegidos como gobernantes, entonces esta suma de decisiones se convierte en una tragedia para el país, para amplios sectores de la sociedad. y a veces incluso para las generaciones futuras.
Eso pasa en todas las elecciones, en todos los lugares donde hay democracia y ha sucedido a lo largo de la historia moderna, el tema es que en las democracias consolidadas este error se puede corregir en las siguientes elecciones, simplemente echando a los malos gobernantes mediante el mismo instrumento: el voto ciudadano; y el juego democrático sigue premiando o castigando a los partidos políticos y a los propios políticos, sin que se alteren las reglas de la democracia, esa es una democracia verdadera. El problema con las democracias defectuosas, como la nuestra, es que el clientelismo y el uso descarado de recursos públicos para ganar votos altera esta solución democrática y legal.
Con los antecedentes de las elecciones y su resultado en 2018 y frente a los magros resultados de quien indiscutiblemente ganó esas elecciones, la pregunta es ¿el elector volverá a tropezar con la misma piedra? Los pésimos resultados económicos en los cinco años del obradorato, donde será difícil al final del sexenio alcanzar el mediocre 2.0 por ciento del PBI que veníamos obteniendo en promedio; con un saldo en lo que va de este gobierno de más de 164 mil 500 homicidios dolosos, violencia y una inseguridad abrumadora; un sistema de salud en crisis; una práctica cínica y recurrente de opacidad por parte del gobierno, que con los casos de corrupción ventilados por denuncias de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, que llevó incluso a la flagrante obstrucción del nombramiento de los concejales desaparecidos en el INAI, hasta la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda funcionar con los miembros actuales; una política exterior desaliñada, omisiva y, en ocasiones, incluso una violación de la Constitución; la desaparición de dependencias y fideicomisos para apoyar a diversos sectores sociales en temas como el campo o los desastres naturales y una larga lista de etcéteras, además del clima de polarización social surgido de la boca presidencial y de ataques directos, tanto a actores políticos como en los medios de comunicación y comunicadores, ¿los electores votarán por continuar con esta tragedia nacional sólo por los efectos de la propaganda obradorista o existirá en un amplio sector social, una reflexión sobre la realidad y el deseo de salvar la democracia y la democracia? ¿preservar el Estado de derecho y pensar en una alternativa de desarrollo para el país, o la posibilidad de un voto de castigo al oficialismo y sus acólitos por el desastre nacional que dejan atrás?
Y es precisamente por este desastre nacional que se vive, para tratar de desviar la atención de los problemas reales del país y de los mexicanos, hace meses, por la estrategia propagandística del presidente, porque fue él y nadie más, quien violando la Constitución y las normas electorales adelantaron los tiempos y actos de campaña para la definición de la candidatura presidencial para 2024 de su partido y que la oposición aprovechó para aparecer en la conversación de la opinión pública y también plegarse a esta dinámica de ilegalidades. Lo más grave es que las autoridades electorales superpusieron esas decisiones y ahora el proceso electoral general está viciado desde su origen; Estamos literalmente en la etapa de definición de la candidatura más importante del proceso electoral que legalmente aún no ha iniciado: la de la Presidencia de la República.
Si, como se ha observado en la campaña interna de Morena, los participantes compiten por ser el más grande para su líder y enfatizando que continuarán con la dinámica actual de su gobierno, a pesar del desastre nacional, los votantes de 2018 seguirán dándoles su voto? ¿O qué porcentaje de ciudadanos, acogiéndose al dogma cristiano de que “el reino de los cielos es de los que se arrepienten”, los abandonarán, pero será suma cero? Es decir, ¿pasarán automáticamente a la oposición o se quedarán en casa?
Por su parte, ¿será la oposición, con sus foros y algunas de las ideas de sus contendientes —incluso las que iban quedando en el camino—, capaz de armar una propuesta atractiva y alternativa al desastre actual, que pueda “enamorar” ¿Con los votantes y hacerles generar emociones? ¿Y otras razones para ser votado a pesar de su pasado?
La incertidumbre es propia de la democracia, pero en el marco de los intereses y la violencia que genera el crimen organizado, el proceso electoral en curso no es ni será una fiesta cívica, sino la lucha más descarnada por el poder político, del territorio nacional y del mexicano. Estado, para que en medio de todo esto la responsabilidad del elector sea aún mayor.
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