
Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara
El caso del plagio de la tesis de grado tiene muchas aristas y por lo tanto el asunto no termina, ni terminará pronto a menos que se resuelva. Están los argumentos jurídicos, si la UNAM puede o no retirar el título, si la SEP puede o no cancelar la cédula profesional, sus implicaciones para el cumplimiento de los requisitos para ser ministro que establece la Constitución, entre otros. También existen argumentos éticos, de gran relevancia y profundidad, que han cuestionado profundamente a la señora Esquivel como persona y como profesional, quien ha sido capaz no solo de sustraer lo ajeno sino también de acusar a quien robó y a otras personas. , enturbiándolos en el caso. Incluso dice públicamente que no tiene nada de qué avergonzarse. También están los argumentos sociales y culturales que tiene un caso como este en el que sigue prevaleciendo la impunidad, y que apuntan a los ejemplos que se dan a otros estudiantes, premiando el hurto, el deterioro de la credibilidad de la UNAM y de sus títulos. , y un largo etcétera.
Pero quizás el argumento más trascendental que he leído es el publicado ayer por Sergio López Ayllón en Milenio (https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijos-del-derecho/la-presidenta-de – La Suprema Corte). Acertadamente señala el Dr. López Ayllón que en las próximas semanas y meses la Corte Suprema tendrá que discutir y resolver diversas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en temas que marcarán el rumbo del país.
Como he señalado más de una vez en este espacio, uno de los pecados más graves del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, fue haber demorado durante meses y años diversas resoluciones sobre reformas legales fuertemente cuestionadas, como las reformas legislativas en materia pública. seguridad y la afiliación de la Guardia Nacional al Ministerio de la Defensa Nacional. En este como en otros casos, mientras la Corte no resuelva estas acciones de inconstitucionalidad, las reformas legales siguen vigentes y por lo tanto se va asentando, en los hechos, como es la militarización. Cada día que pasa es más cuesta arriba revertir esas reformas.
La designación del Ministro Piña como nuevo presidente de la Corte abrió una ventana de esperanza, ya que la Corte es el último bastión que nos queda en defensa de ciertos principios y valores democráticos. Ante la declarada y evidente cercanía del ministro Esquivel con el presidente López Obrador, situación ya de por sí debilitante de los contrapesos constitucionales, ahora tenemos el agravante adicional de tener un ministro cuya posición es fuertemente cuestionada desde casi todos los ángulos y perspectivas. Sus votos en la Corte estarán en entredicho no solo por su afinidad con el presidente, sino también por su legalidad y legitimidad como ministra de la Corte Suprema de Justicia.
Ante la inminencia de las discusiones y votaciones en la Corte sobre temas electorales y de seguridad pública, además de otros menos conspicuos pero también relevantes que podrían redefinir el carácter del Estado mexicano, la participación del Ministro Esquivel Mossa en el pleno de la El máximo tribunal constitucional va a poner un manto de ilegitimidad sobre las decisiones de la Corte, empañando también la labor de los demás ministros, sobre todo si alguno de ellos vota en el mismo sentido que el ministro Esquivel y si su voto es inapelable. Esto abriría una enorme brecha de legitimidad que podría conducir a más litigios, rupturas en el Poder Judicial y debilitamiento estructural del Estado Mexicano. Las consecuencias apenas podemos imaginarlas, pero no podrían ser leves o menores. Imagínese, por ejemplo, los posibles interrogantes jurídicos y políticos sobre las elecciones presidenciales de 2024 si se aprueba y declara constitucional el llamado Plan B de la reforma electoral. Imagínense las consecuencias sobre el traspaso de poder de López Obrador a su sucesor o sucesora, que podría ser todo menos pacífico.
Por eso, como ya sugiere el doctor López Ayllón en su columna (y en la que coinciden muchos otros juristas y asumo cientos o miles de legos como yo), la ministra Esquivel debe renunciar o al menos separarse de su cargo mientras no resolver definitivamente el caso. Su permanencia está perjudicando a la Corte y, de continuar en el cargo, podría perjudicar a la República y al Estado Mexicano.
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