Jesús Ociel Baena, magistrado del Tribunal Electoral de AguascalientesFue encontrada muerta en su domicilio junto a Dorian Nieves, su pareja, el 13 de noviembre.
A pocas horas de confirmarse muerte de ambas personasellos circularon fotografías en redes sociales que fueron tomadas en el edificio donde se encontraron los cuerpos y luego el filtrado a los medios. Lo que se considera una “lesión” a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas por parte de la “Ley Ingrid”.
Hasta el momento se desconoce qué autoridad filtró las imágenes que incluso fueron colocadas en la portada de una revista de Aguascalientes este martes sin considerar los derechos de Ociel Baena, Dorian Nieves y sus familiares.
La Fiscalía no ha informado si existe alguna investigación para sancionar a los funcionarios que filtraron las imágenes y los familiares de ambas víctimas no pueden recurrir a la “Ley Ingrid” porque no ha sido aprobada a nivel estatal y a nivel federal sigue vigente. “atascado” en la Cámara de Diputados.
Si bien el Código Penal Federal establece en su artículo 225, fracción XXVIII, que un delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos es “dar a conocer a quienes no tienen el derecho, documentos, antecedentes o información contenida en un expediente de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”.
Por lo que quien cometa este delito incurrirá en pena de prisión de cuatro a diez años y multa de ciento a ciento cincuenta días. Mientras que el Código Penal de Aguascalientes advierte en su artículo 169, inciso que un funcionario comete delito de ejercicio indebido del servicio público cuando sustraiga, destruya, oculte, difunda, utilice o inutilice ilícitamente “imágenes, audios, videos, información o documentación”. que se encuentre bajo su custodia o a la que tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.”
Las penas por este delito son de 3 meses a 12 años de prisión y de 30 a 100 días multa. Aunque si son cometidos por servidores públicos integrantes de una corporación policial, las penas previstas se aumentarán hasta en la mitad.
¿Qué dice la “Ley Ingrid” sobre la filtración de fotografías?
La “Ley Ingrid” es una serie de reformas mediante las cuales se pretende tipificar como delito la difusión o divulgación de imágenes, videos o grabaciones; así como información de carpetas de investigación de víctimas de violencia. La Ciudad de México fue pionera en aprobar esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México y posteriormente fue replicada en otras entidades hasta llegar al Congreso de la Unión.
En septiembre pasado, el Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal Federal mediante las cuales busca sancionar a quien cometa este delito con hasta 18 años de prisión y una multa económica de 232 mil pesos.
La reforma establece que se impondrá pena de seis a diez años de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) al servidor público que “difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, envíe, distribuya, grabe video, grabe audio, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, ofrezca, intercambie, copie o comparta, con quien no tenga el derecho o facultad para hacerlo, imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, pruebas, objetos, instrumentos, que operen o se encuentren en un expediente de investigación, en un proceso penal o tengan relación con las condiciones personales de la víctima o con las circunstancias del hecho que la Ley designa como delito”.
Asimismo, establece que la pena se agravará cuando se trate de niños, adolescentes, mujeres o en el caso de que la información corresponda a los cuerpos de las víctimas.
El objetivo de la “Ley Ingrid” es proteger la privacidad y dignidad de las víctimas y ofendidos, así como preservar la confidencialidad de la información contenida en carpetas de investigación o procesos penales. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados para su discusión, pero no ha sido aprobada.
De aprobarse la iniciativa a nivel federal, los Congresos locales tienen un plazo de 180 días para realizar las modificaciones pertinentes a nivel local. Por lo que los legisladores de Aguascalientes se verían obligados a discutir la propuesta; Pues tampoco lo han aprobado.
¿Qué pasó con el magistrado Ociel Baena?
El fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa, indicó en “Por la Mañana” con Ciro Gómez Leyva que el magistrado Ociel Baena fue asesinado por Dorian Nieves y posteriormente se suicidó pese a que aún no tienen los resultados de la autopsia practicada a a ellos. a ambos saber la causa de la muerte.
Figueroa explicó que ambas personas presentaban una herida cerca de la yugular, por lo que su hipótesis es que se trató de una agresión por parte de la pareja del magistrado con base en los indicios que encontraron en la casa. También detalló que localizaron una cámara de seguridad que captó a la pareja cuando ingresaron a su domicilio el lunes alrededor de la 1:00 de la madrugada y no hay evidencia de que haya ingresado una tercera persona.
Mientras que en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula dijo que la Fiscalía está abierta a que organismos internacionales revisen el caso.
Sin embargo, la familia del juez Ociel Baena rechazó la versión de la Fiscalía y exigió justicia para él y Dorian Nieves.
Cynthia Baena, hermana de Ociel, exigió a la Fiscalía de Aguascalientes limpiar su nombre y reveló que las autoridades no han tenido ningún contacto con su familia.
Mientras que el padre de Ociel Baena afirmó que la versión de las autoridades es falsa durante el funeral del magistrado.
“Les pido que no dejen que este evento se quede estancado, no he visto los medios, no quiero contaminarme, le he pedido a mi familia que no lo haga, pero nos hemos enterado por terceros; es una falta”. de respeto a “La inteligencia no es sólo de nosotros, sino que creo que es de todas las personas que consideran que tienen un poquito de intelecto”. Lo que especulan no es cierto y sería una vergüenza permitir que ese sistema de justicia emita una sentencia que no es correcta”, sostuvo.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una denuncia contra las autoridades ministeriales de la entidad por el “tratamiento inadecuado” de la investigación por la muerte de Jesús Ociel Baena y exigió una pronta y expedita investigación a la Fiscalía de Aguascalientes.
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